El cambio en el modo en que el Estado distribuya ese dinero podría tener efectos positivos, evaluaron distintos expertos en diálogo con Página/12. Que los fondos de las asignaciones familiares y la AUH lleguen directamente a las madres constituye una medida de “acción positiva” que, a la vez, reconoce prácticas y costumbres de aplicación efectiva en la vida cotidiana, analizaron. Es “positivo”, reflexionó la secretaria de Género de la CTA, Estela Díaz, para quien toda medida que implique dejar en manos de las mujeres “el manejo de los recursos económicos favorece su autonomía”. En un sentido similar, la directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Natalia Gherardi, señaló que implementar “un mecanismo que priorice el cobro de la asignación en cabeza de la mujer es reconocer la realidad social que demuestra que las mujeres se hacen cargo de la atención y el cuidado de los hijos de manera prioritaria”. Desde la perspectiva de la aplicación del derecho, la abogada Nelly Minyersky, por su parte, evaluó la medida como “muy positiva porque generalmente quien administra en el 90 por ciento de los casos los gastos que se hacen y las necesidades de los niños y el grupo familiar son las madres”.

El cambio “responde a una realidad” cotidiana, evaluó Estela Díaz, de CTA. “Por un lado, hay una cantidad importante de hogares monoparentales, y además en los hogares en los que las mujeres están a cargo de los chicos muchas veces hay una enorme dificultad en relación con la cuota alimentaria y que el padre pase lo que corresponde. Por otro lado, suelen ser los padres los que están insertos en el mercado laboral formal.” De ese modo, que el dinero llegue directamente a manos de las madres implica “un reconocimiento de que son las mujeres las que se encuentran con estas dificultades mayormente, y también siguen siendo las que se hacen cargo del cuidado y las que mejor usan los recursos a la hora de definir prioridades de gastos” en función de las necesidades. De todos modos, señaló, se “podría pensar que (una medida como ésta) sigue colocando en cabeza de las mujeres la responsabilidad del cuidado, pero también sigue siendo una realidad. Favorecer que sean las madres quienes manejen los recursos es una medida de acción afirmativa”. Lo pendiente, por otro lado, es avanzar en “las responsabilidades compartidas, como la ampliación de licencias para varones”.

Para el investigador Guillermo Cruces, del Cedlas-UNLP (Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad de La Plata), la modificación sigue una línea acorde con “la literatura” existente. Según estudios internacionales, “está establecido que las mujeres tienden a gastar mejor” los ingresos familiares. De acuerdo con esa literatura, “las mujeres gastan menos en alcohol y tabaco, y más en comida y en interés de los hijos”. Sin embargo, aclaró Cruces, en Argentina no se realizaron estudios de ese estilo, sino que surgen de datos relevados “en países donde hay sesgos fuertes hacia los hijos varones, como abortos selectivos, pero acá no hay cosas tan marcadas”. Por ello, la medida “no soluciona un problema gigante, pero sí tiende a mejores prácticas e ir mejorando los programas es atendible”.

Para la directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Natalia Gherardi, implementar un “mecanismo que priorice el cobro de la asignación en cabeza de la mujer es reconocer la realidad social que demuestra que las mujeres se hacen cargo de la atención y el cuidado de los hijos de manera prioritaria”. Para Gherardi, la modificación “no quiere decir que los varones no deban ser responsables”, por lo que “estaría bueno que fuera de la mano de un cuestionamiento de no naturalizar”, porque “hay que dejar de naturalizar que son las mujeres quienes se hacen cargo de los hijos”. Con el correr del tiempo, las políticas públicas deberían tender a que haya “co-responsabilidad en la atención emocional y material” en las familias.

Para la abogada Nelly Minyersky, “la historia de la práctica jurídica verifica que es cierto”, que “todavía en nuestro país y en otros la tenencia, quien convive con los hijos es la madre”. Por ello, “es una medida muy positiva, porque quien administra en el 90 por ciento de los casos los gastos que se hacen y las necesidades de los niños y el grupo familiar son las madres”. En la práctica, aclaró de todos modos, quien debería tener acceso al cobro de la asignación es “quien convive con los chicos”, porque es “quien hace frente a los gastos, sea por asignación o por cuota alimentaria, y eso se vio con mucha claridad cuando se modificó la ley de mayoría de edad y se dispuso que fuera a los 18”. En la práctica jurídica cotidiana, explicó la abogada, “los operadores del derecho nos encontramos con un problema serio: ese niño, aun mayor de edad, entre los 18 y los 21, era quien tenía derecho a pedir alimentos. ¿Pero qué pasaba con un joven que no iniciaba esa acción cuando la madre, con la que convivía y que pagaba los gastos, no podía pedirlos porque él era mayor de edad?”. En otro sentido, reflexionó la abogada, el cambio implica no atender “prejuicios según los cuales las mujeres no sabemos administrar, que tenemos que estar siendo vigiladas, rendir cuentas”. Tampoco implica “la presunción de que es mejor si es mujer o si es varón”, pero “lo cierto es que la igualdad de derechos y oportunidades se refleja en estas pequeñas grandes cosas”. Que actualmente sigan siendo las mujeres las encargadas naturalizadas del cuidado “no quiere decir que no tendamos a que se llegue a la equiparación real de roles”.