En 2008, un proyecto de ley de nombres, para que fuera obligatorio que los recién nacidos llevaran el apellido del padre y de la madre –en ese orden–, generó un debate intenso y rico, provocó controversias y aunque fue aprobado por la Comisión de Legislación General del Senado, nunca llegó al recinto para su tratamiento. “Es para eliminar la discriminación respecto del género”, expresó en su momento Aníbal Fernández, autor de la iniciativa. “Es una reivindicación de género, pero de primera generación”, replicó Leonor Vain, especialista en asuntos de familia, en referencia al hecho de que, para la segunda generación, el apellido que se impondría sería el primero, el del padre. De todos modos, Vain hizo una evaluación positiva: “Por algo se empieza”.

En ese año, la discusión alcanzaba incluso a la interna del Frente para la Victoria. Otro proyecto de ley de las kirchneristas Nora César y Ana Monayer adoptó el esquema brasileño, donde el primer apellido es el de la madre, igual que en Portugal. Voceros de Aníbal Fernández dijeron que se había impuesto el impulsado por su jefe porque el otro “iba a generar más controversia”. La jueza de Menores de Mar del Plata Silvina Darmandaril aportó un nuevo elemento para la polémica: “El proyecto es para eliminar la discriminación que plantea la ley entre hijos nacidos dentro del matrimonio. Y fuera de él, ¿quién la elimina?”. De ese modo planteó la situación de desigualdad en la que quedarían las madres solteras.

Esa situación fue admitida por Fernández, quien dijo que la situación podría ser resuelta utilizando, en esos casos, los apellidos paterno y materno de la madre. “Si (la madre) se llama González Fernández, el niño se llamará González Fernández, y si es sólo González, el chico se llamará González González”. Las ideas abundaron, pero la ley nunca se votó.