El proyecto de reforma, actualización y unificación de los códigos Civil y Comercial está en el Senado desde hace un año. Desde entonces ha sido debatido en dieciséis audiencias públicas, convocadas por una comisión bicameral donde el oficialismo se apresta a emitir un predictamen que incorpora modificaciones, a partir de las propuestas realizadas en esas convocatorias.

“El oficialismo está terminando un predictamen para someter a debate, en busca de nuevos consensos, teniendo en cuenta las propuestas realizadas en las audiencias públicas”, dijo a Página/12 la diputada Diana Conti, quien junto al senador Marcelo Fuentes preside la Comisión Bicameral para la reforma del Código.

El proyecto fue enviado al Senado el 8 de junio del año pasado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El texto había sido elaborado por una comisión de juristas encabezada por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, la ministra de ese tribunal Elena Highton de Nolasco y la jueza Aída Kemelmajer de Carlucci. Pero el Ejecutivo le introdujo algunas modificaciones antes de remitirlo al Congreso.

Entre otras cuestiones, el nuevo Código legisla sobre los derechos personalísimos, entre ellos, el de adopción, la simplificación del trámite de divorcio, la regulación de la fertilización asistida y la maternidad subrogante. También incorpora derechos ya consagrados como la identidad de género o el matrimonio igualitario. Otros ítems hacen a cuestiones sociales, como la propiedad comunitaria de tierras indígenas, en términos que sin embargo no resultan suficientes ni satisfactorios para los pueblos originarios. En lo comercial, el proyecto del nuevo Código crea la figura de la sociedad unipersonal, que facilita la asignación de una porción del patrimonio a un proyecto productivo. También se incorporan formas modernas de contratación, como la concesión comercial, la franquicia, el suministro y el leasing.

En síntesis, la propuesta apunta a aggiornar un texto redactado en el siglo XIX y adecuarlo a la realidad del XXI. El texto enviado por el Poder Ejecutivo tiene 2671 artículos que reemplazarán a los más de cuatro mil del Código Civil actual y los 506 del Comercial. A partir de su presentación, fue analizado por una comisión integrada por quince senadores y quince diputados y debatido en dieciséis audiencias públicas, en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano y el interior del país. El objetivo era presentar un dictamen el 8 de noviembre, pero el plazo no pudo ser cumplido.

Las máximas controversias, en esas audiencias, giraron en torno de la Iglesia Católica, que rechazó la incorporación al Código de las conquistas obtenidas por minorías sexuales, como la Ley de Identidad de Género o el matrimonio igualitario y otras incorporaciones como la fertilización asistida o la maternidad subrogada. Por otro lado, desde algunos sectores se cuestionaron los privilegios de la Iglesia por ser la única institución religiosa reconocida como persona jurídica de carácter público.

Las comunidades aborígenes, por su parte, reclaman, con mayor o menor énfasis, ser consideradas como personas jurídicas de derecho público. Otro punto planteado son las limitaciones al consentimiento informado previo a las obras o explotaciones que afecten recursos naturales. Los pueblos originarios también reclaman porque la propiedad comunitaria de sus territorios, tal como está en el proyecto, “no respeta la identidad, cosmovisión ni la especial relación espiritual, tradicional y cultural que poseen con sus territorios”.

También fueron cuestionadas modificaciones del Poder Ejecutivo en lo referido a la responsabilidad civil del Estado, sobre lo cual el ministro Julio Alak ratificó la intención de sancionar una ley específica. El CELS sostuvo que no se está “contemplando adecuadamente” la situación de más de un millón y medio de hogares “en una situación de irregularidad dominial absoluta respecto de la tenencia de sus viviendas”.