Mientras madura y se expande la discusión, el movimiento “Justicia legítima” trabaja en algunos proyectos concretos. Algunos son, inclusive, proyectos de ley. Para lograr un proceso de democratización de la Justicia, sostienen, es clave “oralizar” todos los procesos judiciales. Por eso están redactando textos de reformas procesales que planean llevar al Ministerio de Justicia: uno es para reformar el Código de Procedimientos Civil y Comercial; y en el caso de Código Procesal Penal pedirán que se reflote una propuesta del Inecip. La organización, además, seguirá con su gira por las provincias, en las que intenta detectar las problemas que tienen los sistemas judiciales y debatir sobre posibles soluciones.

“Lo mejor es que las partes vean al juez trabajar, que le puedan poner cara y deje de ser una entelequia. Eso es empezar a acercar la Justicia a la gente. Permitir la inmediatez entre las partes y el juez. Ese es el aspecto simbólico. El práctico es que al oralizar los procesos, los jueces tienen que ir y poner la cola en la silla, ser ellos los que trabajan, no delegar. Además, el juez que trabaja por escrito es un lector de lecturas ajenas, por ejemplo la del empleado del juzgado que tomó una declaración”, explica la camarista María Laura Garrigós de Rébori, titular de “Justicia legítima”. “En el ámbito penal –explica– oralizar permite que el juez deje de ser juez y parte. Porque el juez ya no impulsa la investigación sino que lo hace el acusador (fiscal) y el proceso es impulsado por las partes en igualdad de condiciones”. “En el fuero civil y comercial se pueden poner audiencias orales en varias etapas del proceso, estableciendo las diferencias necesarias entre las que son laborales y comerciales, por ejemplo”, detalla la jueza.

Garrigós dice que el proyecto de Código Procesal Civil y Comercial lo están armando en base a trabajos y borradores que ya venían diseñando miembros de “Justicia legítima”. El del Código Procesal Penal, en rigor, ya está hecho y tiene años sin lograr tratamiento. El texto que el movimiento impulsa es el que combina la propuesta del Inecip y del propio Ministerio de Justicia, que además de apuntar a abreviar los plazos de los procesos judiciales busca transformar el sistema actual, inquisitorio y manejado por el juez, en un sistema acusatorio con fuerte manejo de los fiscales en la base de la investigación penal. “Justicia legítima”, anuncia la jueza, intentará impulsar estos proyectos ante el Poder Ejecutivo después de que pase la fiebre electoral.

Otra parte de la agenda de esta agrupación crítica y anticorporativa incluye la realización de encuentros en distintos puntos del país, donde se reúnen jueces, fiscales, académicos, defensores y hasta referentes de sindicatos, a analizar la situación judicial de cada lugar. El último evento fue en Santa Fe, y los próximos serán en Córdoba, Mendoza, Chaco y Corrientes. “En esas reuniones se habla mucho sobre qué es democratizar la Justicia, qué entendemos por corporación, cuáles son los peligros y problemas. Hablamos de la práctica consuetudinaria armada alrededor de un poder de características aristocráticas y que es cerrado, por eso siempre sostuvo esos rasgos”, explica Garrigós.

–¿Cuáles diría que son los problemas más frecuentes?

–Los que tenemos en nuestros tribunales se replican a largo y lo ancho del país. Para mí dos de los problemas más repetidos son la mora judicial y la delegación de funciones de los jueces, que hace que quienes resuelven en definitiva no tienen capacidad de hacerlo. Esto significa que los jueces resuelven en función de cómo se ahorran trabajo a sí mismos. Ahora estamos también con la idea de ver qué reclamo hay hacia la Justicia desde otras ciencias sociales, queremos entender cosas concretas. Para eso planeamos también actividades con facultades del conurbano, como la de Lomas de Zamora, San Martín y La Matanza.