El titular de la Central de Trabajadores Argentinos, Hugo Yasky, hizo un balance positivo de la reunión con la presidenta Cristina Fernández y los principales empresarios del país, y celebró que se ponga “en el centro de debate un sistema tributario donde la mayor recaudación proviene de los sectores populares”, con el IVA y el Impuesto a las Ganancias. Además, explicó la propuesta de esa central sindical para cubrir los recursos que se dejarían de percibir si se sube el mínimo no imponible, y contó que el otro tema que llevaron a la mesa de diálogo fue el del empleo en negro.

“Este Gobierno, que claramente está comprometido con políticas nacionales y populares, lo va a resolver en este marco de diálogo”, asintió.

–¿Qué balance hace de la mesa de diálogo que sostuvieron con el gobierno nacional y los dirigentes del arco empresarial?

–Fue una iniciativa del gobierno nacional que significa un salto cualitativo en términos de las instituciones democráticas. No hay precedentes en los últimos tiempos de una convocatoria en donde se sienten los representantes del arco empresario y sindical con la Presidenta y los principales miembros de su gabinete. Reafirma el cambio que hay en nuestra sociedad, en contraste con la Argentina de los noventa, donde los rumbos sociales y económicos se definían en la mesa chica de los poderosos apretando al ministro de turno.

–Lograron poner al Impuesto a las Ganancias en el centro del debate...

–El cuestionamiento surgió en el marco de una puja distributiva en una Argentina que ha recuperado niveles de crecimiento y transita desde un modelo de concentración de la riqueza a uno de redistribución. Se pone en el centro de debate un sistema tributario donde la mayor recaudación proviene de los sectores populares, con el IVA y el gravamen sobre los ingresos.

–El titular de la UIA, Héctor Méndez, pidió que no sean los empresarios quienes cubran el déficit que generaría la modificación del Impuesto. ¿Puede darse sin ellos la discusión sobre cómo se financia el Estado argentino?

–Su pretensión de que se resuelva en un supuesto espacio del Estado sin que ellos se involucren es pura fantasía. No queremos ver al Estado desfinanciado. Lo justo es que los impuestos tengan mayor peso sobre los que más tienen. Pongamos la lupa para captar los recursos de los que tienen mayor capacidad contributiva y margen de rentabilidad. No podemos tomar la demanda del cambio del impuesto sin hacernos cargo de plantear los caminos alternativos para que el Estado no pierda recursos.

–¿Qué opciones proponen desde la CTA?

–Una dirección planteada es avanzar en un impuesto sobre la renta financiera y la compraventa de acciones en el mercado bursátil. Otra alternativa es la restitución de los aportes patronales que Domingo Cavallo eliminó en pleno menemismo y que derivó en una brutal transferencia de recursos de los bolsillos de los trabajadores hacia los sectores empresarios. Pero además es urgente la definición de políticas que incentiven una drástica reducción gradual del empleo no registrado. No hay ningún sector de alta rentabilidad que pueda mirar para el costado y dejarle al Estado la responsabilidad de cubrir el déficit.

–¿Se acordaron plazos para alcanzar una solución definitiva?

–Tenemos un agenda de trabajo pautada. La semana que viene nos reunimos con un equipos de Diputados y tributaristas. Vamos a llevar una propuesta de reforma impositiva que en su momento se va a ser pública. Queremos transitar un camino de conciliar posiciones con la CGT, porque entendemos que aumentará la posibilidad de poner nuestras propuestas en debate. Esperamos que antes de fin de año el tema esté resuelto y tengamos una solución de fondo, que evite la toma de medidas de retoque parcial.

–¿Comparten la misma visión que la CGT que lidera Antonio Caló?

–Debemos compatibilizar proyectos porque la idea es que nos encontremos con la Presidenta y los empresarios en una nueva reunión en aproximadamente un mes. Para ese momento ya tendremos definida nuestra alternativa para modificar el impuesto. Sabemos que una mesa de diálogo tripartita implica escuchar, debatir y eventualmente consensuar como en toda mesa de negociación. Hay que definir caminos en los que sabemos que no todos van a estar de acuerdo.

–Hugo Moyano y otros sectores del sindicalismo opositor han manifestado un descreimiento respecto a la resolución del tema de Ganancias...

–Nosotros vimos una voluntad política que expresa claramente que es un tema a resolver. Hay que encontrar el camino, pero en el Gobierno está la firme decisión, porque quedó claro que seguir con esta ecuación del mínimo imponible sobre los salarios sólo sirve para entregarle una bandera a la oposición. Ganancias ha sido utilizado como ariete para erosionar políticamente al Gobierno en los últimos años. Estamos convencidos de que esto se va a resolver, y va a despejar el camino para discutir temas que responden a las verdaderas urgencias sociales, como la existencia de la amplia brecha de desigualdad en el interior de la clase trabajadora, fruto de los aumentos que sólo perciben los empleados registrados.

–También ha hablado de cierto oportunismo en el Gobierno, que tras el resultado electoral de las PASO lo empuja a ocuparse ahora...

–El Gobierno es sensible a una demanda de la sociedad y tiene la capacidad de incorporar las correcciones que hacen falta, en el contexto de la ratificación plena del rumbo que significa seguir apostando a recuperar una economía productiva con participación de los trabajadores. Y si el Gobierno no se ocupa, dicen que son autoritarios y autistas. Sabemos que estas políticas son la mejor respuesta hacia los que quieren un país manejado por los grupos de poder económico, a los que proponen la devaluación y las metas de contención de inflación, que no es otra cosa que el congelamiento de los salarios, son los mismos que nos proponen volver al circuito de la deuda eterna y la sumisión al FMI.

–¿Por qué el Gobierno pone ahora el Impuesto a las Ganancias en agenda?

–Es un reclamo que la CTA viene planteando desde hace tiempo. Hubo dos oportunidades en el Consejo del Salario, cuando solicitamos que se produjera la modificación del Impuesto de Ganancias. Entiendo que hoy el Gobierno tiene el margen suficiente para hacerlo porque, aunque muchos se encarguen de ocultarlo, la economía argentina está viviendo un repunte respecto de la caída de año pasado.

–En el 2012, el reclamo tuvo mucho eco desde la oposición...

–Fue el momento en que la demanda de subir el mínimo imponible se hizo más sonora. La economía había caído ocho puntos, y el Gobierno puso el centro del esfuerzo en sostener los niveles de empleo, que no decrecieron. Este año tenemos una realidad que, si se quiere, con cinco puntos de crecimiento, ofrece un mayor margen de maniobra para discutir este tema. De todos modos, no hay que dejar de tener en cuenta que el Gobierno siempre dio señales concretas de que el sistema tributario funcionaba mal. En este sentido suspendieron el cobro de Ganancias sobre el medio aguinaldo a mitad de año.

–Otro tema que plantearon fue el empleo no registrado...

–El trabajo en negro no es un número simbólico. En la reunión, se reconoció un cifra mayor al 30 por ciento. Uno de cada tres trabajadores está en esa condición de informalidad. Sin derechos y con salarios muy por debajo de la línea del promedio. Una central de trabajadores y dirigentes sindicales que no pongan este tema como parte de la agenda urgente, en el mejor de los casos, es una organización con dirigentes sindicales que se miran el ombligo.

–¿La solución está en manos del Estado o de un trabajo conjunto entre todos los actores involucrados?

–El ámbito inicial sería una convocatoria del Ministerio de Trabajo a una Comisión de Empleo de características similares al Consejo del Salario. Tienen estar presentes todos los actores, sindicatos y empresarios. Sabemos que unos están mejores que otros, por lo que hay que buscar una política de equilibrio entre premios y castigos. Las grandes empresas que reciben subsidios no pueden tener trabajadores no registrados. Y las pymes necesitan el estímulo para poder iniciar el blanqueo de personal.

–La CTA ha planteado varias veces la necesidad de combatir el trabajo en negro. ¿Por qué lo toman como una de sus banderas?

–En Argentina y en el resto de la región, existen dos miradas hacia el interior del movimiento sindical. La primera responde a una práctica corporativa consecuente a las reivindicaciones sólo de los trabajadores en blanco y en Convenios Colectivos de Trabajo. Una suerte de “salarialismo” que se produce en países con altas franjas de exclusión laboral, donde los gremios solamente toman las banderas de los que están incluidos. Nosotros pertenecemos a la segunda, que se hace cargo de los que están en negro. Además, si el Estado pierde recursos y no tiene capacidad de recaudar, es decir ir por el excedente de los sectores de alta rentabilidad, la distribución de la riqueza se va a limitar a aquellos que tengan la capacidad de discutir porque tienen paritarias. El resto queda afuera.

–Con este criterio, si se modifica el Impuesto a las Ganancias, varios sindicalistas hoy enfrentados al Gobierno perderían una bandera...

–El éxito de una política en el marco de un espacio tripartito, con gobierno, empresarios y trabajadores, va a marcar el fracaso de aquellos que quisieron generar la idea distorsionada de que el Gobierno se basa en un esquema de recaudación sobre las espaldas de los obreros para sostener al Estado. Este Gobierno, que está claramente comprometido con políticas nacionales y populares, lo va a resolver en este marco de diálogo, y lo que digan los demás van a ser ladridos a la luna.

Entrevista: Juan Manuel Frías.