Mientras los Estados Unidos estimulan la utilización de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad interior, las instancias políticas internacionales y regionales proponen políticas alternativas. Concluida la guerra fría y las luchas de liberación nacional en la región, la actual justificación para militarizar es el control de drogas y la hipotética asociación del narcotráfico con el terrorismo. El estudio de WOLA, LAW Group y el Center for International Policy consigna que entre el 80 y el 92 por ciento de la cocaína que ingresa a Estados Unidos lo hace desde Centroamérica. El documento, titulado “Hora de Escuchar: Tendencias en Asistencia de Seguridad de los EE.UU. hacia América Latina y el Caribe”, postula la necesidad de repensar las políticas prohibicionistas, ya que “más de cuarenta años después de declararse la denominada guerra contra las drogas, el consumo de estas sustancias ilícitas sigue en aumento; las tasas de cultivo de coca, marihuana y amapola siguen siendo elevadas; continúan expandiéndose la violencia y el crimen organizado; y las tasas de encarcelamiento se han disparado por las nubes”. La violencia relacionada con las drogas “le ha costado la vida a miles de efectivos de las fuerzas de seguridad, y muchas veces más a hombres y mujeres jóvenes y pobres. Las políticas vigentes han negado a consumidores de drogas el acceso a programas de tratamiento; han atrapado a ciudadanos en el fuego cruzado de confrontaciones con traficantes violentos; han atiborrado las prisiones con infractores no violentos; han tolerado o promovido prácticas abusivas por parte de fuerzas policiales y militares; y han sobrecargado los sistemas de justicia penal”. En 2009 el informe de la “Comisión de América Latina sobre Drogas y Democracia”, integrado entre otros por los ex presidentes César Gaviria de Colombia, Fernando Henrique Cardoso de Brasil y Ernesto Zedillo de México, llamaron la atención sobre las devastadoras consecuencias de la guerra contra las drogas para América Latina, recomendaron abandonar las políticas de prohibición y erradicación, y asumir un enfoque de salud pública. Brasil, Chile, México, Paraguay y Uruguay despenalizaron la posesión de ciertas drogas para consumo personal; Uruguay reguló la producción y distribución de marihuana. Incluso dos provincias de los Estados Unidos, Colorado y Washington, votaron en 2012 la legalización y regulación de la marihuana, contradiciendo la vigente prohibición federal, que ni siquiera contempla como excepción el uso médico bajo receta.

En octubre del año pasado los presidentes de Colombia, Guatemala, México, Honduras, Costa Rica y Belice exhortaron a las Naciones Unidas a debatir las políticas globales sobre drogas, revisar el enfoque actual y discutir alternativas, declaración que luego fue asumida como propia por la Asamblea General, que convocó al debate propuesto para... 2016. Durante la Asamblea General de la OEA, que sesionó hace tres meses en Antigua, Guatemala, el Secretario General, José Miguel Insulza, presentó el informe que en 2012 había encomendado la Cumbre de las Américas. También en este caso la propuesta fue “evaluar las señales y tendencias existentes que favorecen la descriminalización o legalización de la producción, venta y consumo de marihuana”. El gobierno estadounidense de Barack Obama se opuso y declaró que legalizar las drogas “no constituye una alternativa viable”. En mayo de este año un centenar y medio de organizaciones de la sociedad civil de todo el continente reclamaron que sus gobiernos aplicaran políticas más constructivas para abordar la violencia. “Aunque reconocemos que el delito transnacional y el tráfico de drogas juegan un papel en esta violencia, llamamos a nuestros gobiernos a reconocer que las fallidas políticas de seguridad que han militarizado la seguridad ciudadana sólo han exacerbado el problema, y están contribuyendo de manera directa a un mayor sufrimiento humano en la región”.