Osvaldo Seisdedos tiene su propio balance: “Hoy por hoy –dice–, no creo que quede un desarmadero abierto en todo el territorio de la provincia”. No tiene datos a mano que confirmen lo que dice pero aun así el comisario parece absolutamente convencido. Lleva cuatro meses en la jefatura de la Dirección de Prevención del Delito Contra la Propiedad del Automotor, un área creada especialmente para él y con la que se convirtió en personaje estrella de la Bonaerense: hizo 325 procedimientos, recuperó 6190 autos robados, secuestró 98.903 autopartes, desbarató 23 bandas y detuvo a 573 personas. Encontró el 60 por ciento de los desarmaderos clandestinos operando con algún tipo de habilitación municipal, pero no halló suboficiales o comisarios en las investigaciones, ni rastros de la maldita policía en las escuchas. Sin embargo, Seisdedos se ganó la confianza de Felipe Solá y la desconfianza de buena parte del staff de la corporación policial: puso el dedo en un negocio abastecido y protegido históricamente por los mismos policías que se fueron sumando a los operativos shock ordenados por el gobernador.
Página/12 revisó con el comisario sus cuatro meses de trabajo y los elementos que tiene a mano para sostener, ahora, el inicio de una guerra distinta: “Ahora que los desarmaderos se están trasladando a otras provincias pretendemos que esto no sea más sólo una guerra interna sino una guerra a nivel nacional”.
Con esa frase el comisario dice varias cosas:
- Traslado: Desde hace algunas semanas varias publicaciones se hicieron eco del fenómeno de desplazamiento observado por los investigadores de Seisdedos. De acuerdo con los datos, los desarmaderos comenzaron un movimiento migratorio hacia Corrientes, Entre Ríos, Santiago del Estero y Santa Fe.
- Polirrubro: La reubicación de los locales de venta incluye como contrapartida el desplazamiento de la zona de provisión de autos y, por lo tanto, de los robos. De acuerdo con una hipótesis que maneja el comisario, alrededor de los locales de expendio, estarían floreciendo dos negocios asociados: desguace y levantadero o robo. Los investigadores están convencidos de que la reproducción del fenómeno en el interior incluirá un aumento de las estadísticas de robo en los centros urbanos más importantes.
- Neutralizados: Los desarmaderos que no fueron allanados ni clausurados hasta ahora en el territorio bonaerense están “neutralizados” o “sin operaciones” a la vista.
Durante los cuatro meses de gestión, Seisdedos trabajó con un equipo especial sobre una franja de los desarmaderos de la provincia. El resto de los operativos los hicieron otras áreas judiciales o policiales. Esa hiperactividad colectiva habría sido la disparadora de esta suerte de parálisis en el negocio. Los desarmaderos cerraron las cortinas como resultado de una investigación o por decisión propia: “Se sienten amenazados, están de vacaciones y a la espera”, dice el comisario.
El robo de autos y los negocios asociados comenzaron a crecer a ritmo vertiginoso hace tres años, poco antes de la devaluación. Desde ese momento hasta ahora, el negocio generó dos zonas calientes: en el norte del Gran Buenos Aires, sobre la ruta 8 en San Martín y en el Sur, sobre Camino Negro.
Los datos recogidos en estos meses permitieron identificar tres grandes organizaciones o “bandas de sicarios”, tal como las llama Seisdedos: “Yo hablo de bandas de sicarios cuando hablo de organizaciones mafiosas, con veinte o veinticinco personas, con gente armada que sale a robar a partir de pedidos que les hacen, con una estructura que tiene uno o dos jefes en la cabeza, responsables de una línea que empieza con el robo”.
Este tipo de bandas se distribuyen en la provincia en zonas de influencia y confluencia. En este momento, quedan dos organizaciones activas, sobre la zona norte y oeste de la provincia. Las estructuras son muy parecidas a la de la banda VIP que se desactivó en el mes de mayo pasado, en uno de los operativos más importantes. “La organización –dice el comisario– estaba controlada por dos empresarios con 40 empleados, 11 desarmaderos en la zona sur, dos de una manzana cada uno y usaban como cobertura negocios de gastronomía en Capital.” Esos empresarios eran Osvaldo Ricardo Lettieri y Gustavo Kosariuk, tenían una estructura que les permitía robar, cortar y vender entre 200 y 300 autos por semana. En los allanamientos, la policía secuestró 1200 autos robados por un valor aproximado de 8 millones de dólares.
En la causa no hubo policías involucrados. Según Seisdedos, en las escuchas y en los expedientes no aparecen nombres o relaciones de protección con la comisaría del lugar. Sin embargo, Lettieri y Korasiuk trabajan con los locales desde hacía unos 2 años.
–¿Cómo explica que hayan hecho el negocio sin el aval de la comisaría?
–No surge –dice Seisdedos–, no surgió de las escuchas, no le surgió al fiscal. El tema es que estos señores tenían todo habilitado y en los depósitos tenían boletas de supuestas compras en remate judiciales. Si tenían cobertura, eran más inteligentes que ellos porque no aparece nada.
Entre los jefes de las dos organizaciones que siguen activas aparece el dueño de una prestadora de servicios de emergencia médica. Esa persona además, es accionista en una localizadora de autos. Está identificado y bajo la lupa de la brigada especial. En ese caso, la localizadora no sólo serviría de pantalla para justificar el volumen de ingresos de la actividad ilegal. Los investigadores están convencidos de que una parte del caudal de autos robados les pertenecen a los clientes de la localizadora: desactivan el sistema para desviarlos hacia el circuito de venta ilegal.