- Carlos Slepoy (abogado de la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos Madrid): “La posibilidad que se abre con la derogación del decreto es extraordinaria. Me subleva que algunos sectores sostengan que éste es un acto de interferencia en los asuntos internos del país, cuando en realidad es un inmenso acto de solidaridad del mundo hacia el pueblo argentino procurando que se haga justicia de los crímenes terribles de que fue víctima en su conjunto. Si bien lo deseable es que los ex militares sean juzgados en la Argentina, la posibilidad de extradiciones aparece como una alternativa contra la impunidad, que es lo que todos queremos. Todas las acciones que se han hecho fuera del país, a través de los familiares, los sobrevivientes, las víctimas en general y los organismos de derechos humanos han sido con el objetivo de lograr que se destrabara la situación interna en el país y que se pudiera hacer justicia en la Argentina. Sin embargo, todos estos pasos de los últimos días comportan una puerta abierta contra la impunidad. Ahora hay que vencer el escollo fundamental en esta etapa histórica que son las leyes de impunidad, las de Punto Final y de Obediencia Debida. Que definitivamente se logre un juicio contra los represores causa tanta conmoción, tanta emoción, tanto reconocimiento. Los débiles han terminado triunfando, las víctimas se han convertido en los vencedores. Que aparezca el valor justicia como un valor fundamental es realmente muy trascendental”.
- Florencio Varela (abogado de tres represores): “Considero que la orden de detención preventiva dispuesta por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral es injusta y arbitraria, aunque no tenía otra alternativa que darle cursoa la solicitud de Garzón, porque él no está facultado para analizar las razones de fondo del pedido. La situación que están pasando los detenidos es absolutamente ilegal”.
- Hebe de Bonafini (presidenta Asociación Madres de Plaza de Mayo): “Es muy valiente la decisión del presidente Néstor Kirchner de derogar el decreto que prohibía la extradición de militares. No esperaba una decisión tan rápida. Es una medida que muestra que el Gobierno sigue haciendo cosas que antes estaban mal. Hubiera preferido que los ex represores hubieran sido juzgados aquí, sobre todo Alfredo Astiz. Nosotros quisiéramos verlo condenado aquí, porque él fue el que secuestró a nuestras madres, de lo que se habla muy poco. Los represores no van a ir a la cárcel porque sí, en todo caso los ponen presos, los mandan a los cuarteles que es como si a mí me mandaran a la Casa de las Madres: la paso bárbaro, si estoy todos los días ahí. Por otra parte, no me sorprendió la decisión del represor Juan Antonio Azic, incluido en la lista de pedido de captura expedido por el juez Rodolfo Canicoba Corral, que intentó suicidarse el jueves. Si hay un tipo que no se quiere enfrentar con la cana porque algún poquito de conciencia se le metió y se pega un balazo me parece bárbaro. Como están tan seguros de lo que hicieron y están convencidos de que lo volverían a hacer, ojalá a muchos se les diera por ese lado. Sería fantástico”.
- Vilma Ripoll (legisladora Izquierda Unida): “El decreto de territorialidad De la Rúa era aberrante, otra forma más de impunidad. Al ser anulado, ahora pueden pasar meses hasta que la Justicia resuelva cada caso. Por eso, para garantizar la extradición de los genocidas habría que meterlos presos preventivamente. La verdadera salida es que todos ellos sean juzgados en nuestro país y por todos sus crímenes. Para que haya justicia hace falta nulidad efectiva de las leyes de Obediencia Debida, Punto Final e indultos, como reclama nuestro proyecto que será tratado el 12 de agosto en una sesión especial del Congreso”.
- Luis D’Elía (diputado): “Lo mejor sería que sean juzgados y condenados en nuestra patria, que es donde cometieron los crímenes, pero antes de verlos pasearse como inocentes ciudadanos, es preferible la extradición y que la Justicia los alcance en alguna parte. Por eso celebro la derogación del decreto que los ponía fuera del alcance de la justicia internacional. La prisión es el lugar donde deberían estar desde 1984, si no hubiese sido por las debilidades y claudicaciones de nuestra dirigencia política, pero cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, siempre es tiempo de hacer justicia. Porque además es un grave error pensar que puede haber un futuro compartido y en paz como sociedad, si pretendemos dar vuelta la página sobre un pasado de impunidad amén de constituir un pésimo ejemplo para las futuras generaciones. ”.
- Eduardo Jozami (dirigente del ARI): “Esta es una victoria de las víctimas y los familiares obligados a promover los juicios en el exterior. Quienes hoy invocan enfáticamente el principio de territorialidad en verdad están defendiendo el no juzgamiento de los genocidas. Pese a reconocer la legitimidad de la persecución internacional de los delitos contra la humanidad, creo mejor el juzgamiento en la Argentina. Sería una demostración de soberanía y de que se restablece la vigencia de la justicia negada por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Los responsables de delitos aberrantes podrían así tener el debido juicio que negaron a sus víctimas. Al definirse claramente en contra de la impunidad, el Presidente sintoniza con el sentimiento de la mayoría de los organismos de Derechos Humanos va logrando su objetivo: hoy ya es imposible negar que la pacificación de los argentinos sólo puede basarse en el pleno reconocimiento de la justicia y la verdad”.