“No hay nada que esconder”, pregonaban dos allegados al presidente de la Corte Suprema, Julio Nazareno. Intentando autoconvencerse de que negar a la Comisión de Juicio Político toda información ligada a los gastos del tribunal sería contraproducente, los supremos debatieron ayer fórmulas para flexibilizar esa postura. Hacia la noche, los nueve jueces se mostraban dispuestos a entregar los datos requeridos por los legisladores, con la salvedad de aquellos que, dicen, les demandarían un “trámite engorroso” como qué ministro pidió los autos principales de ciertas causas, cuánto tardó en circular el expediente o cuánto tiempo estuvo en cada despacho. En el acuerdo hubo reproches a Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor y Guillermo López por haber recusado a 20 de los diputados que intervienen en su juzgamiento “con argumentos poco sólidos”.
Los ministros de la Corte vienen manteniendo posiciones enfrentadas en relación a la potestad de la Comisión de Juicio Político de Diputados de pedirles informes relativos a la economía del tribunal y sus funcionarios.
Pero entre idas y vueltas ayer fueron llegando a un consenso y hoy firmarían la acordada con que liberarán los informes que les han solicitado. El más reticente a esa concesión fue Adolfo Vázquez, que hasta el mediodía venía amagando con redactar un voto en disidencia, según relataron funcionarios del máximo tribunal.
En principio se discutió un borrador de Carlos Fayt y se ensayó una idea mixta: habilitar la información administrativa menos “la que tuviera que ver con empleados”. Esa opción era el primer paso para dar por tierra con la postura más dura –según la cual la Corte encabeza un poder autónomo y como tal la ejecución de presupuesto es de su sola incumbencia– que venían sosteniendo Nazareno, López, Moliné O’Connor y Vázquez. Gustavo Bossert, Enrique Petracchi y Augusto Belluscio, en cambio, constantemente plantearon que había que reportar todo. Antonio Boggiano consentía una alternativa en sintonía con la de Fayt.
El proyecto que hoy conseguiría apoyo total pondría una sola traba, que no tiene que ver con los empleados pero que no es para nada menor: los supremos consideran complicado proveer detalles sobre la circulación de los expedientes y no darán precisiones sobre quién de ellos lo pidió con especial interés, lo tuvo más tiempo o lo trabajó, entre otras cosas.
La reunión de ayer no fue distendida. El cuestionamiento de Nazareno, Moliné y López a 20 miembros de la Comisión de Juicio Político les cayó pésimo a la mayoría de sus pares. No sólo porque no todos comparten las “chicanas”, sino porque consideraron que estaba muy mal fundado por las mismas razones que señalaron los diputados al rechazar el planteo (ver aparte).