–¿Cómo sigue el proceso de las extradiciones? –El proceso sigue así: si hoy el juez actuante resolviera que la extradición de todos los detenidos es procedente, que los requisitos formales y materiales se encuentran reunidos, el que debería resolver si extradita a todos, a algunos o a ninguno es el presidente.
–Determinar si es o no procedente es un proceso largo.
–Exacto. En el medio pueden pasar dos cosas: una cosa es que el Congreso dicte una ley anulando Punto Final y Obediencia Debida, si bien yo le mandé, hace más de un mes, a mi colega Zanini (secretario de Legal y Técnica) un proyecto en ese sentido que a él no le gustó, yo tengo dudas sobre la juridicidad, sobre todo los efectos de una ley de esta naturaleza. Yo recuerdo un antecedente que es la nulidad legislativa de la ley de autoamnistía de Reynaldo Bignone, lo que pasa que ahí se podría considerar que era un bando militar sobre una ley en sentido material pero no formal. Podría decir hubo un gobierno constitucional que nulificó a un bando militar. Este caso es distinto, porque serían dos leyes de un Congreso de la democracia. Esa podría ser una solución, de hecho hay algunos proyectos que tienen mucho trabajo encima, como el de Patricia Walsh, que son proyectos que se orientan hacia la nulidad. La gente suele olvidar que las leyes ya están derogadas. Yo nunca compartí esa derogación porque me parecía que Argentina se tenía que hacer cargo de su historia y que derogar no tenía en realidad ningún efecto, como no lo tuvo. La otra alternativa es que la Corte Suprema resuelva dos cosas, o que las leyes son constitucionales, o lo contrario. Si resuelve que son constitucionales entonces mantiene su vigor el pedido de extradición; si resuelve que son inconstitucionales, los jueces argentinos estarían en condiciones técnicas de juzgar a aquellos que hubiesen cometidos delitos atroces, aberrantes, de lesa humanidad, imprescriptibles. Si esto fuese lo que el futuro nos tiene deparado, tal como acaba de declarar (el juez español Baltasar) Garzón en Bolivia, la extradición no tendría razón de ser.
–El gobierno argentino quiere que se juzgue acá a los represores.
–Efectivamente. Los jueces todo el tiempo toman decisiones con consecuencias políticas. Aunque a muchos de ellos les horrorice decir que la función judicial es una función política, es política; no debe ser partidaria, pero es política. De hecho hoy no tenemos aumento de tarifas porque los jueces decidieron lo contrario, lo cual es una decisión claramente política. Durante muchos años los poderes actuaron, sobre todo el Judicial durante una década, como la ambulancia que recogía los heridos del Ejecutivo. El ejemplo más claro fue el de Aerolíneas. O el rebalanceo telefónico. Eso significa asumir porciones de poder político que no le son estrictamente propias. En una república donde el presidente permanentemente habla de calidad y fortalecimiento institucional cada uno se tiene que hacer cargo de su rol político. El rol político en este momento porque institucionalmente se ha dado así, es la decisión de la Corte sobre la constitucionalidad del Punto Final y la Obediencia Debida.
–Algunos ministros de la Corte deberían cambiar su posición sobre esto; la constitucionalidad de estas dos leyes fue dada por una Corte que todavía no había sido ampliada por Menem. ¿Qué los haría cambiar?
–A un abogado no le corresponde conjeturar sobre qué es lo que va a hacer el tribunal más alto del país. Si bien es cierto que hay votos que están circulando, estos votos son muy dinámicos, permanentemente cambian de contenido, de línea argumental y de adherentes. Creo que la Corte tiene que resolver este asunto. Tratando de pensar no en términos jurídicos sino políticos, tratando de razonar como deberían razonar ministros de Corte, yo creo que el fallo va a tener lugar bastante antes de fin de año. Esta es mi sensación.
–En ese escenario que imagina, ¿esta incorporado Zaffaroni a la Corte?
–Me atrevo hasta a decirle con Zaffaroni o sin Zaffaroni.
–¿Tiene alguna información? –No ninguna. Trato de pensar si yo estuviera en la Corte como estaría pensando esta cuestión ahora.
–¿Y sería en el sentido que el gobierno quiere que salga?
–Sería en el sentido que algunos hemos sostenido siempre y es que las leyes son inconstitucionales.