María Ugarte es inmigrante boliviana y trabajó 12 años para la fábrica de medias Elemento, hasta que fue despedida el 16 de septiembre, luego de intentar organizar internamente a los empleados para mejorar las condiciones laborales imperantes en el lugar. Según denunció, el régimen que les imponían exigía diez horas y media por día de trabajo –12 horas a los varones–, de lunes a viernes, y cinco horas más los sábados. No le daban permiso ni siquiera para ir al médico. Un día, estando embarazada, María se empezó a sentir mal alrededor de las 9 de la mañana. “Mi empleador me dijo que tenía que aguantarme para poder ir a consultar hasta el mediodía. Soy mujer, y bueno –dije–, al mediodía me iré. Pero el dolor pudo conmigo. Me desangré, me de-sangré y tuve ese día un aborto. Sólo así, cuando me estaba de-sangrando me dieron el permiso y me fui al hospital. Pero tarde, perdí a mi bebé.” El relato desgarrador de María pone en primer plano las condiciones de precarización laboral y explotación en el sector textil, que van más allá de los talleres clandestinos: en la fábrica tenían su sueldo en blanco, pero no se respetaba el convenio colectivo de trabajo, advirtió el abogado Matías Aufieri, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), entidad que junto al CELS y el Area de Economía y Tecnología de Flacso están acompañando el reclamo de María y otro compañero despedido, Eduardo Toro, para que sean reincorporados.

María y Eduardo “están abriendo un camino en un sector terriblemente brutal, en una actividad económica que se caracterizó por las peores violaciones a los derechos laborales y humanos”, señaló la investigadora del Conicet y Flacso Victoria Basualdo. “Estamos en una situación muy distinta en términos del crecimiento de las fuentes de trabajo pero con una asignatura pendiente de una magnitud impresionante en términos de calidad de ese empleo, de las condiciones de trabajo”, apuntó. La informalidad laboral, según distintos estudios, indicó, alcanza en el sector textil al 70 por ciento. La situación de los trabajadores despedidos y las condiciones laborales en la fábrica fueron expuestas en una conferencia de prensa en la Sala José Luis Cabezas de la Cámara de Diputados, en la que participaron María, Eduardo, y los referentes de las organizaciones que los apoyan.

María se desempeñaba en el sector de planchado de la fábrica. Contó que nunca les dejaban tener una botellita con agua para refrescarse, a pesar de las altas temperaturas que sufrían en ese ámbito del establecimiento. También detalló que los empleadores no les daban permiso ni para ir a las reuniones de la escuela de sus hijas. En los doce años en que trabajó en Elemento, dijo, no pudo conocer a las maestras: sólo una vez la dejaron ir a la graduación de una de ellas. “Por dos horas me dieron permiso, pero tenía que llevar la justificación de adónde estaba yendo. Fue la primera vez que conocí a la maestra de mi hija”, señaló. La mujer contó a que es madre de tres hijos, de 18, 20 y 27 años. Pero también contó que tenía otra hija, que hace unos tres años, cuando tenía 17 años, falleció por una hemorragia interna, tras haberse tenido un aborto, sin que pudiera llevarla a tiempo a atenderse a la guardia porque tampoco le dieron permiso para acompañarla. “Me llamaron del Hospital Piñero a las 10 de la mañana. Pedí a mi empleador. Le dije: me están llamando del hospital, mi hija está mal. Y me dijo: ‘María, no te podés ir. Cumplí las horas de trabajo y más tarde te vas’. ¿A qué hora me fui? A las 6 de la tarde, cuando cumplí mi horario. En todo el día mi hija estuvo sin atenderse porque era menor de edad. No podían aplicarle los medicamentos, ella necesitaba ella mi autorización. Mi hija al día siguiente murió. Aguanté (las condiciones laborales) porque soy la única que lleva el pan del día a mi casa, a mis hijos”, relató entre lágrimas.

Según precisó el abogado Aufieri, los dueños de la empresa textil Elemento –Sarang Tongsang SRL– son de origen coreano. Desde que inició sus actividades en 1990, la firma dedicada a la confección de medias “jamás contó con representación gremial en su establecimiento, pese al descuento de la cuota sindical del 2 por ciento practicada a los empleados que se encuentran registrados”, agregó. “Cada intento de los trabajadores por mejorar sus condiciones de trabajo o por lograr tener representantes gremiales a los fines de que reclamen por las mismas, fue respondido con despidos o amenazas de cierre que lograban mantener las condiciones deplorables de trabajo dentro del taller”, indicó. Eso les sucedió a María y a Eduardo Toro, quienes a mediados de año empezaron a intentar organizarse y exigir el cumplimiento de las ocho horas de trabajo. El movimiento interno –contaron– surgió cuando la empleada que cumplía la función de encargada de la fábrica se prendió fuego en el mismo lugar de trabajo, al parecer desbordada por las exigencias de sus patrones, tras una dura discusión con los directivos en la Oficina de Recursos Humanos. Ese hecho, que ocurrió a fines de julio, fue el límite para los empleados, cerca de 170. “Ese día nos reunimos. Nos organizamos. A la semana estaba despedida”, contó María. De su cartera saca el “Diploma de Excelencia” que la propia firma le había entregado por su desempeño destacado en el trabajo. “Yo sólo pido trabajar. No pido otra cosa. Que nos miren como a humanos. No somos piedras”, agrega, entre lágrimas. La Asociación Obrera Textil, sindicato del sector, nunca se había presentado en casi 25 años de existencia de la fábrica para promover la organización gremial de los empleados, señaló Aufieri. Como consecuencia de la lucha de los trabajadores, lograron bajar la jornada laboral a 9 horas y media de lunes a viernes, indicó. Elemento, precisó el abogado, vende sus propias medias pero también fabrica para otras marcas.

Con el patrocinio de abogados del CeProDH, los dos empleados despedidos presentaron un recurso de amparo, al que hizo lugar el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 30 el 22 de noviembre, y ordenó su reincorporación, pero la empresa no los deja entrar al establecimiento laboral. La firma apeló el fallo. Las organizaciones como el CELS, Flacso y CeProDH, que acompañan el reclamo de los trabajadores despedidos, consideran que se trata de un “caso testigo” en el sector “que no puede soportar la patronal textil”, dado que los trabajadores históricamente explotados están poniendo límites a esa situación “y luchando por sus derechos”. “Es un caso peligrosísimo para los explotadores”, consideró Diego Morales, director de Area de Litigio del CELS.