A primera vista parecía un culebrón, con ansiedades, amagues y un poquito de histeria. Pero en realidad la negociación con las provincias escondía tres cuestiones que los gobernadores del PJ sortearon con el equilibrio de trapecista. Por un lado, el momento delicado que atraviesa el Gobierno. Por otro, la situación de sus distritos, arrasados por el desempleo y la recesión. Y, finalmente, la supervivencia de los gobernadores con aspiraciones políticas ante un eventual alejamiento del presidente Eduardo Duhalde. Así condicionados, los mandatarios firmaron la propuesta del Ejecutivo. “No puedo decir que estoy contento”, admitió anoche el formoseño Gildo Insfrán, expresando el ánimo de sus pares. En la Rosada, en cambio, había cierta euforia apenas contenida: “A De la Rúa les llevó 40 días, a nosotros nada más que tres reuniones.”
Durante todo el período de negociación, el Gobierno ubicó entre los más duros al cordobés José Manuel de la Sota y al santacruceño Néstor Kirchner. El último, sin embargo, se enfrentó con el Ejecutivo por la posibilidad de que las petroleras despidieran trabajadores. En lo que respecta a la coparticipación, terminó siendo conciliador y no fue obstáculo a la hora de rubricar el nuevo acuerdo.
De la Sota, en cambio, fue uno de los más difíciles de sumar al pacto fiscal. Su intransigencia tenía que ver con las necesidades de su provincia y también con sus intereses políticos. Como reconocía ayer a Página/12 un importante funcionario de su Gobierno: “Todo el peronismo tiene el temor de que Duhalde nos lleve puestos. Y, por supuesto, a los que candidateables eso le puede provocar mayor escozor.” Esa inquietud fue compartida por el asesor de un mandatario que supo pertenecer a lo que fue el Frente Federal. “El peronismo no puede jugarse todo con Duhalde. Por eso hay que crear otra posibilidad, que hoy son Kirchner y De la Sota.”
Por esta razón, el cordobés se mantuvo distante en la mayor parte de la negociación. Ayer, por ejemplo, insistió junto al pampeano Rubén Marín en un reclamo que el Gobierno consideraba inviable: exigía que la Nación pagara la deuda correspondiente a los tres puntos de IVA que no se coparticipó a las provincias por decisión de Domingo Cavallo. Además, proponía que el Ejecutivo utilizara esa diferencia del 18 al 21 por ciento para emitir un título nacional que respaldara a los bonos provinciales.
De la Sota y Marín aseguraban que, con esa alternativa, las provincias podrían emitir bonos por 1200 millones de pesos para darle un poco de aire a las economías de cada distrito. Esa oferta ya la había rechazado el ministro del Interior, Rodolfo Gabrielli, ante los mismos mandatarios en la reunión del martes a la noche en el CFI. Al final, el Ejecutivo se comprometió a entregar certificados en los que reconocerá la deuda. Y De la Sota colaboró con Gabrielli e instó a sus pares a firmar el documento.
Otro de los duros fue el bonaerense Felipe Solá, quien sabía que un eventual ajuste en la emisión de bonos afectaría inmediatamente a su provincia, que depende de los Patacones para pagar los sueldos. Pese a su buena relación con Jorge Remes Lenicov, Solá se opuso a la intención de Economía de suspender la impresión de nuevos bonos. Hasta llegó a desafiar al ministro anunciando que en los próximos días saldrá a la calle una nueva serie de Patacones.
Entre los más intransigentes, estuvo también la puntana Alicia Lemme, quien fue la última en firmar, luego de recordarle a Remes Lenicov que espera que la Nación ordene el pago de los 360 millones de dólares que San Luis tiene en plazos fijos atrapados en el corralito bancario. El salteño Juan Carlos Romero, otro de los duros, no llegó a firmar. Un compromiso en la embajada de Cuba lo alejó de la negociación, pero en el Gobierno dan por sentado que hoy pondrá su rúbrica.