A diferencia del optimismo que suelen derrochar los proyectos de presupuesto, el que anoche llegó al recinto de Diputados expresa la pobre perspectiva para el año en curso de la economía argentina, cuyo único motor serían las exportaciones. Pero los números, de por sí lastimosos, podrían ser aún peores si la iniciativa hubiera incluido el costo de la pesificación de deudas que asumirá el Estado nacional y si los ingresos previstos guardaran una relación cierta con el derrumbe que prevén las otras proyecciones incluidas en la futura ley. Hay, sin embargo, buenas noticias para los jubilados que ganan entre 500 y, tal vez, 800 pesos mensuales, que podrían verse liberados del recorte del 13 por ciento. También para las provincias, que consiguieron mantener indemnes los beneficios promocionales y hasta controvertidos fondos específicos como el del Tabaco, masa cercana a los 180 millones de dólares que año tras año sobrevive a los cuestionamientos. El incentivo docente, en suspenso.
El escenario presupuestario prevé una caída del PBI del 4,9 por ciento, motivada por un retroceso del consumo (-6,3 por ciento), la inversión (18,5 por ciento) y las importaciones (-22,1 por ciento), que tienen como único contrapeso una suba del 5,3 por ciento en las exportaciones, supuestamente alentadas por la devaluación.
La hipótesis de recaudación es de 39.895 millones de pesos, un 0,5 por ciento por encima de la del año pasado en términos nominales. Pero aun si se la ajustase por inflación e incluyendo las retenciones a las exportaciones de hidrocarburos, la estimación resulta muy optimista en este contexto de creciente relajamiento de la recaudación tributaria. Así, el pautado déficit de 2.950 millones de pesos podría rápidamente catapultarse a cualquier cifra temible, que fuerce una emisión de pesos muy superior a la prevista.
Los gastos, ubicados en el otro platillo de la balanza, caen un 14,7 por ciento en términos nominales, básicamente por la suspensión del pago de la deuda y, en menor medida, por alguna economía en los gastos de funcionamiento, que no surge muy nítida de la norma. Frente a la pobre performance recaudadora, también este renglón puede transformarse en promesa escrita sobre el agua, a menos que Economía no tenga reparos en cubrir los gastos con una emisión sobre emisión.
Para la ansiedad oficial no importa demasiado que la letra no sea definitiva. Lo que más vale en este momento para Jorge Remes Lenicov es contar con una ley que le permita iniciar formalmente las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, y buscar los recursos que tanto necesita, entre otras cosas, para contener el valor del dólar.
Una prueba de que aún hay mucho por definir es que el oficialismo dispuso ayer añadir sobre tablas un artículo que faculta al jefe de Gabinete a reasignar partidas en base al acuerdo de la Nación con las provincias. Otro agregado de último momento habilitaría al Ejecutivo a beneficiar a las provincias “afectadas por la privatización de empresas públicas” con una serie de prerrogativas tributarias, con impacto en la recaudación.
Para conseguir el aval de propios y ajenos, el Gobierno tuvo que consentir que se mantengan beneficios promocionales en el interior, cuyo costo fiscal teórico (por el perdón de impuestos) es de 700 millones anuales, tal vez reducidos a poco más de 200 millones con el pobre nivel de actividad actual. El PJ y la oposición parlamentaria también acordaron que los 100 millones de subsidio para el gas patagónico –que Economía proponía erradicar– sean costeados con un gravamen sobre todos los consumidores, vía un fondo fiduciario, y no ya por el Tesoro.
A instancias de la diputada frepasista María América González, el dictamen que llegó al recinto previó que el aporte previsional sea proporcional al salario, aun cuando supera los 4800 pesos brutos (tope actual sobre el que se tributa). Con la mayor recaudación se podría eliminar de las jubilaciones que están entre 500 y tal vez 800 pesos elúltimo recorte del 13 por ciento. También en virtud de un aumento en el aporte patronal del 1 por ciento (al cierre de esta edición estaba en discusión si también por una suba en el personal) aumentaría la recaudación para el Pami y para las obras sociales.
La mala es para los maestros. El proyecto de presupuesto no contempla el incentivo docente, que el redicalismo propone costear con una ampliación de la base de Bienes Personales. Pero la iniciativa, que sólo procuraría la mitad del dinero necesario para el incentivo, quedó para un futuro.