“Si la violencia del Estado es intolerable en dictadura, mucho más intolerable lo es en democracia”, fue lo primero que dijo ayer el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, en la Legislatura y a continuación pidió abrir el período de sesiones ordinarias “con un repudio a la represión del 20 de diciembre y un homenaje a las víctimas”. Después, ya embarcado en su discurso, hizo un análisis sobre el impacto de la crisis en la ciudad y afirmó que la dos prioridades “casi excluyentes” de su administración serán “máxima solidaridad social y mayor participación popular en las decisiones de la gestión”.
“La velocidad del deterioro socioeconómico cambió nuestra perspectiva”, señaló el jefe de Gobierno. También sostuvo que “sin duda, la emergencia social es hoy el principal problema público que enfrentamos” porque “la ciudad no ha quedado fuera del escenario recesivo que padece la economía nacional desde mediados de 1998”.
Para dar sustento a esa afirmación, Ibarra apeló a los números. Detalló que “sólo en los primeros 11 meses de 2001 se produjo una caída en las ventas del 4.4 por ciento en supermercados y del 15.7 por ciento en los centros comerciales” y que “el nivel de empleo en octubre de 2001 fue el más bajo de la historia”. También habló de la caída de la recaudación y del impacto del corralito en los sectores medios.
Ibarra manifestó su preocupación porque “en la base de la pirámide social crece la franja de indigentes” y anunció que la atención de las urgencias sociales será el eje de su gestión. “Nuestros objetivos inmediatos –precisó– son fortalecer las políticas asistenciales y de salud y educación.”
En el plano político, Ibarra reconoció la legitimidad del cuestionamiento a los partidos. Un párrafo aparte dedicó a la experiencia aliancista de Fernando de la Rúa, cuando subrayó que “una combinación de errores políticos, vacilaciones, falta de coraje y traiciones programáticas al contrato electoral bloqueó la posibilidad de cualquier cambio y condujo a la nación hacia una crisis largamente anunciada”.