El jurista argentino Juan Pablo Bohoslavsky, coeditor del libro Cuentas Pendientes, sobre los cómplices económicos de la última dictadura argentina, fue elegido Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el efecto de la deuda externa y otras obligaciones financieras sobre los Derechos Humanos. Bohoslavsky, quien nació en Bahía Blanca en abril de 1976, al mes del golpe, era coordinador del Grupo de Expertos de Deuda Soberana de la UNCTAD, que desarrolló los Principios sobre Préstamos Responsables Soberanos a los que han adherido numerosos países. Al ser designado Relator renunció a aquel cargo para radicarse en Río Negro, en cuya Universidad Nacional del Comahue creó un master en Derecho Administrativo Global. Con doctorados y postgrados en las Universidad Austral de Buenos Aires y en las universidades de Salamanca, Viena y Nueva York, Bohoslavsky defendió a la República Argentina en los juicios entablados por Aguas Argentinas y Yacyretá. Compitió por el mandato con el jurista y economista australiano radicado en Estados Unidos Philip Alston y con otros cinco expertos de Grecia, Costa Rica, Canadá, Nigeria y la República de Níger. Pese a su extrema juventud, fue calificado en segundo lugar luego de Alston, quien es una eminencia mundial del derecho internacional y los derechos humanos, con un currículum académico y político impresionante, que hubiera hecho desistir a cualquier persona sensata. Pero el Grupo Consultivo compuesto por un embajador representando cada región que a lo largo de seis meses tuvo a su cargo el proceso de selección y estudió los planes de trabajo que presentó cada candidato, no quiso perder el aporte de Bohoslavsky. Su propuesta, aceptada por el Consejo de Derechos Humanos la semana pasada: que Alston fuera Relator Especial sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos, y Bohoslavsky sobre Deuda Externa y Derechos Humanos. El mandato de Bohoslavsky (2014-2017) consiste en trabajar sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales. Esta Relatoría es de especial interés para los países en de- sarrollo. Otros dos argentinos encabezaron las evaluaciones del Grupo Consultivo: la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Mónica Pinto, para integrar el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria en América Latina y el Caribe, y el arquitecto urbanista Fernando Murillo, coordinador técnico del Observatorio Urbano de Buenos Aires, para la Relatoría de Vivienda. Pero en ambos casos el presidente del Consejo recomendó y el pleno designó a quienes ocuparon el segundo lugar en la evaluación: el mexicano José Guevara y la canadiense Leilani Farha.