Pasó prácticamente inadvertido, incluso para buena parte de los diputados que levantaron su mano para votarlo. Sucedió el miércoles en la Cámara baja cuando el presidente del cuerpo, Eduardo Camaño, puso a consideración una serie de proyectos de declaración. Entre ellos estaba un pedido de destitución del juez federal Norberto Oyarbide ante el Consejo de la Magistratura y del fiscal general Carlos Sáenz, en el órgano competente y que impulsó la Comisión de Juicio Político.
El motivo del pedido de destitución se funda en una sorpresiva solicitud que hizo Oyarbide a la comisión que preside el justicialista Ricardo Falú durante la tramitación del proceso contra Eduardo Moliné O’Connor y que fue interpretado como “una nueva intromisión” del magistrado vinculada al proceso contra el supremo.
El magistrado envió un escrito a la comisión en relación a la causa 20.643/02 impulsada por Eugenio “Nito” Artaza a partir de la cual solicitó información de los integrantes de la comisión considerada como “un verdadero abuso contra el trabajo que significa un proceso de juicio político”.