“La discusión que comenzará en la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca de la necesidad de establecer un nuevo marco legal para las reestructuraciones de deuda soberana, propuesta por el Grupo de los 77 y China, es una oportunidad para reafirmar el principio de que todos los Estados tienen la obligación de cooperar para garantizar la plena realización de los derechos humanos”, señaló la organización de derechos humanos Amnistía Internacional en un comunicado. “Los Estados deben asegurar que los acuerdos sobre deuda externa no sean inconsistentes con sus obligaciones de garantizar niveles básicos de derechos económicos, sociales y culturales y que no conlleven la adopción deliberada de medidas regresivas. Al momento de asumir nuevas obligaciones, los Estados deben asegurar que éstas no deroguen ni afecten sus obligaciones fundamentales de derechos humanos”, manifestó AI. El organismo agregó que “los Estados deudores deben implementar salvaguardas que limiten el impacto de las resoluciones de controversias por parte de jurisdicciones extranjeras sobre los derechos humanos”.