El proyecto de reforma previsional que adelantó a Página/12 el secretario de Seguridad Social, Alfredo Conte Grand, presenta una incógnita básica: si los aportes de los trabajadores y de sus empleadores irán íntegramente al Estado o si una parte de ellos serán girados a las AFJP, de manera obligatoria. En este último caso, el proyecto será respaldado por las administradoras, cuyo fervor aumentará con cada punto de aportes que se les asegure. Conte Grand, ocupando el mismo cargo que en la actualidad, pero durante el gobierno de Eduardo Duhalde, les reservaba a las AFJP 8 puntos de aportes de los trabajadores, mientras que los 3 restantes financiaban un seguro de vida e invalidez y los 16 puntos de aportes patronales quedaban para el Estado. La iniciativa fue respaldada por la entonces ministra de Trabajo, Graciela Camaño. Sin embargo, el actual titular de esa cartera, Carlos Tomada, rechazó el esquema. Conte Grand, por lo tanto, esquivó una definición.
El plan oficial cambiará mucho de acuerdo a la ropa con que se lo vista. Si los aportes son derivados de manera total al Estado y se deja a las AFJP como una opción similar a la de un seguro de retiro, la continuidad de las administradoras se verá seriamente amenazada. De los 9,3 millones de afiliados actuales deberán darse por contentas si retienen a un millón como clientes. El negocio cambiará de escala. La presión del sistema financiero contra esa alternativa será fenomenal. En cambio, como se mencionó más arriba, la reforma será recibida con satisfacción si hay aportes obligatorios.
El punto de partida del proyecto es crear un sistema de capitalización generalizado. Cada ciudadano tendrá una cuenta que registrará todos los movimientos a lo largo de su historia laboral. Suponiendo que no habrá aportes obligatorios a las AFJP, todo el dinero llegará al Estado, que lo utilizará para distintos fines, desde pagar las jubilaciones hasta financiar proyectos de infraestructura. Cuando el trabajador alcance la edad jubilatoria, la Anses contabilizará sus años de aportes y le pagará en función de ellos, de manera proporcional.
Conte Grand no dio precisiones, aunque el plan que elaboró durante el gobierno anterior las tenía y mereció durísimas críticas de los expertos en materia previsional del progresismo. En primer lugar, le reprocharon que el proyecto siguiera los consejos del Banco Mundial, que financió su elaboración. En aquel caso, había 8 puntos de aportes orientados a las AFJP, por lo que desaparecía el régimen de reparto, y las administradoras quedaban como grandes ganadoras.
“Es un error apelar de nuevo a la cuenta individual, como si la responsabilidad del aporte fuera del trabajador, cuando la realidad del mercado laboral es que hay un desempleo altísimo y una gran cantidad de empleos en negro, con el Estado retirado de la fiscalización”, reflexionó José Luis Di Lorenzo, profesor de derecho de la seguridad social y presidente del Instituto para el Modelo Argentino.
La cuenta nocional, tal como se conoce técnicamente el esquema que propone el Gobierno, es utilizada en Suecia e Italia. Pero en esos países la mayoría suma una gran cantidad de años de aportes. El proyecto que Conte Grand preparó durante el gobierno de Duhalde establecía que aquellos que hubieran registrado menos de cinco años de aportes cobrarían una asignación asistencial, que sería por lo menos un 30 por ciento inferior a la jubilación mínima y que dependía de los recursos presupuestarios del Estado. Además, los beneficiarios debían demostrar su absoluto nivel de pobreza. Entre cinco y veinte años, los trabajadores tenían asegurado un ingreso mínimo, más el proporcional de los años de aportes. Y de veinte años en adelante, además de ingresos mínimos había un techo.
La diputada María América González cuestionó ese mecanismo, porque los trabajadores “nunca tendrán certeza de cuánto van a cobrar”, dado que la fórmula de cálculo del haber previsional tomará distintas variables. Por ejemplo, los años de aportes, la tasa de actualización de esos aportes(que puede ser la inflación o una tasa de interés promedio o cualquier otra que se defina), la esperanza de vida (mientras más alta se la pondere, menor será la jubilación) y las disponibilidades de recursos del Estado. Esto mantiene la incertidumbre, en lugar de garantizar una jubilación digna. El próximo paso del Gobierno deberá ser la entrega de todas esas precisiones.