En la apertura del seminario describí el largo camino que llevó a la investigación y enjuiciamiento de los cómplices e instigadores económicos de la dictadura. En 2012, el ex dictador Jorge Videla reconoció que asesinaron entre 7.000 y 8.000 personas y que los hombres de negocios “nos pedían que matáramos a 10.000 más”. Con la reelección de CFK habían perdido toda esperanza, dijo, lo cual explicita la importancia de la decisión política. Si algo muestra el proceso argentino es la centralidad de la movilización social y política, impulsada por los familiares de las víctimas y las organizaciones de defensa de los derechos humanos, que frustraron todos los intentos a favor de la impunidad. También fueron decisivas las instancias internacionales, desde las visitas de constatación durante la dictadura a los juicios en países europeos por crímenes cometidos en la Argentina y las decisiones del sistema interamericano de protección a los derechos humanos. Al finalizar la dictadura, la fragilidad de la democracia argentina y el auge mundial del neoliberalismo, no permitieron castigar al poder económico que diseñó el golpe y capturó sus beneficios. Muchos casos de complicidad empresarial fueron tratados por primera vez en el juicio a las juntas de 1985, pero sólo los ex Comandantes pagaron por ellos, ya que una exigencia de aquella transición fue que no se tocara al poder económico. La crisis de fin de siglo mostró el agotamiento de ese esquema de subordinación y su altísimo costo social y permitió el comienzo de una nueva etapa, de dura confrontación para recuperar derechos perdidos. La anulación de las leyes de impunidad, lograda en 2001 por Abuelas de Plaza de Mayo y el CELS, permitió la reapertura de los juicios y constituyó la base sobre la que el gobierno instalado en 2003 pudo sustentar su política de Memoria, Verdad y Justicia. Cuando Néstor Kirchner asumió ya había medio centenar de militares detenidos, juicios por la verdad en todo el país y pedidos de extradición de España. Hasta ahora ha habido 506 condenados y 90 sobreseídos y absueltos, lo cual muestra que todos gozan de la garantía del debido proceso. La mitad de esas condenas fueron pronunciadas por tribunales de juicio, un tercio confirmadas en segunda instancia y apenas el 14 por ciento por la Corte Suprema, que es el cuello de botella de este proceso. Del total de causas activas el 53 por ciento aún está en su fase inicial de instrucción y sólo el 30 por ciento han llegado a sentencia. El castigo por aquellos crímenes y la recuperada autonomía de la política ante los intereses económicos, interactuaron en forma virtuosa hasta constituir dos pilares de una nueva lógica institucional. No es por azar que las cuentas pendientes del sector económico comiencen a saldarse al mismo tiempo que el Estado actual le impone el peso de su regulación, en la que la voluntad popular prevalece sobre el descontrol de los mercados. Luego, Gastón Chillier explicó la estrategia del CELS, que incluye el litigio de casos paradigmáticos, la investigación y la incidencia. La organización participa en una docena y media de juicios, junto con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales investigó la tercerización laboral y publicó un libro editado por Diego Morales y Victoria Basualdo, y también incidió en el establecimiento de la Comisión Bicameral Investigadora. “Es más difícil juzgar a poderosas empresas que a los militares retirados”, añadió.