En mayo pasado la sala I de la Cámara Federal de la Capital declaró inconstitucional el Memorándum de Entendimiento con Irán. Eduardo Farah y Jorge Ballestero alegaron que al crear una Comisión de la Verdad que desplazaba al Poder Judicial argentino violaba la división de poderes. También colisionaría con los tratados de Derechos Humanos, porque la Comisión de la Verdad no garantiza la participación de las víctimas y sus familiares, sin la cual no hay derecho a la verdad (lo cual al cabo de 21 años suena a una burla más). Ambos se pronunciaron a favor del juicio en ausencia a los imputados iraníes. La relectura de aquel fallo debería ayudar a prever qué decidirán estos mismos jueces ahora: desestimar la denuncia como Rafecas u ordenar que se investigue, como Pollicita. Esta vez se les sumará el tercer miembro de la sala, Eduardo Freiler, quien entonces no votó. Al remitir el requerimiento del fiscal Pollicita a Rafecas, el presidente de la Cámara, Martín Irurzun, la conceptualizó como una causa independiente de la investigación por el atentado de 1994. Por eso no se acumuló con la que instruye el juez Rodolfo Canicoba Corral.

Igual que Nisman y Pollicita, Farah y Ballestero sostuvieron que la Comisión de la Verdad condiciona la actuación de la justicia y del ministerio público fiscal en la investigación del atentado y que no tiene un plazo temporal de vigencia. Como Rafecas, entendieron que el Memorándum no entró en vigencia y ordenaron al Poder Ejecutivo que no le diera comienzo de ejecución. En el mismo estilo de los documentos en los que Nisman pedía la intervención del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Ballestero agregó que la declaración de inconstitucionalidad “no puede opacar los loables objetivos que inspiraron los términos de ese acuerdo, a través de los cuales se aspiraba a alcanzar información adicional y enriquecer las evidencias existentes en la investigación judicial para lograr así, un acercamiento real a la verdad de los hechos y la debida sanción para los culpables del atentado”. También destacó los “loables propósitos por parte del Gobierno argentino” al firmar el acuerdo y sus “múltiples esfuerzos”, tanto “en instancias nacionales como internacionales, en procura del esclarecimiento de lo ocurrido y del avance de la investigación”. Agregó que conocía “las intenciones que albergaron las autoridades nacionales para posibilitar el avance del proceso judicial y, a través del acuerdo suscripto, lograr el esclarecimiento de los hechos”. Farah, que es el delegado de Javier Fernández en la Cámara, y en un alarde de economía de recursos integra sus dos salas, hará lo que deba hacer. Ballestero tiene en aquellas loas al gobierno en su voto de mayo un mástil al que atarse para resistir el canto de las sirenas que mentó Lorenzetti. Freiler es la incógnita a develar.