El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, sostuvo que la sanción de la ley que promueve un resarcimiento económico a las víctimas y familiares de víctimas del atentado contra la AMIA “consolida el compromiso asumido por el Gobierno Nacional”.

Para el ministro, la medida legislativa que la Cámara de Diputados convirtió en ley el miércoles pasado por unanimidad “es un complemento a la reparación integral impulsada desde el Gobierno argentino, centralizada en la búsqueda de Justicia, tanto en relación con el atentado a la sede de la AMIA como en la causa por el encubrimiento de su investigación”. A través de un comunicado, Alak añadió que “consolida el compromiso asumido por el Gobierno Nacional en materia de defensa y protección a los derechos humanos” ya que “brinda el marco legal propicio para que las víctimas del ataque y sus familiares perciban una indemnización tendiente a la reparación del daño causado”.

Desde la Agencia Judía de Noticias, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) expresó su “satisfacción” por la aprobación de la Ley de Resarcimiento Económico a Víctimas y Familiares del Atentado a la AMIA, lo cual “era algo necesario, que hacía a la esencia de la búsqueda de justicia en el ámbito patrimonial”, evaluó el presidente de esa entidad, Julio Schlosser.

“No se hizo con la intención, y estoy convencido, de comprar voluntades. Se hizo por el convencimiento claro de que era lo que debía hacerse y lo que correspondía”, aseguró el dirigente, que además resaltó que “en toda oportunidad” las entidades y representantes de las diferentes organizaciones que agrupan a familiares y sobrevivientes del atentado mantuvieron entrevistas con Alak sobre el tema.

Justicia y Derechos Humanos, la cartera a cargo de Alak, será la autoridad de aplicación de la flamante norma y, por lo tanto, la responsable de elaborar los procedimientos administrativos que permitan a los familiares de las víctimas de la voladura del edificio cobrar el resarcimiento que, según Alak, “honra la voluntad expresada en el acuerdo realizado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y plasmado en el decreto 812/05, firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner, de promover la sanción de una ley de reparación para todas las víctimas del atentado”.