La Justicia argentina no quiere que ningún “imprevisto” afecte el comienzo del juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA que, tras casi cinco años de espera, comenzará en pocas semanas. Por eso, el Tribunal Oral en lo Federal 2, que estará a cargo del debate oral, prohibió la salida del país al ex presidente Carlos Menem, al ex juez Juan José Galeano y al resto de los imputados en la causa.

“En aras de prestar eficientemente el servicio de justicia así como también con el objeto de garantizar la presencia de los encausados en el acto procesal, el colegiado entiende necesario el dictado de una medida restrictiva”, plantó el tribunal, integrado por Jorge Gorini, Néstor Costabel y Karina Perilla, en una resolución difundida ayer.

En el texto los magistrados recordaron que Menem, Galeano, los ex fiscales federales Eamon Müllen y José Barbaccia; el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, el abogado Víctor Stinfale; los ex agentes Patricio Finnen y Juan Anchezar; y el ex policía Carlos Castañeda, además de Carlos Tellendín y su esposa, fueron procesados sin prisión preventiva por el juez federal Ariel Lijo en la causa que investigó el encubrimiento de la explosión que hace casi 21 años mató a 85 personas e hirió a otra centena.

Para todos ellos dispuso la “prohibición de la salida del país”, cuyo objetivo es “contrarrestar eventuales imprevistos por parte de los imputados que pudieran conllevar a suspender, retrasar o interrumpir el normal desarrollo” del juicio oral. Si alguno de los procesados necesita viajar al exterior, deberá solicitar, con fundamentos, “la debida autorización para ausentarse” y el pedido será evaluado por el tribunal.

En abril pasado, Gorini fijó al próximo jueves 6 de agosto como fecha definitiva para el inicio del juicio que analizará los intentos de desviar la investigación sobre el atentado contra la sede de la mutual judía para que se alejara de la pista siria –que rozaba al gobierno de Menem– e inculpara a efectivos de la Policía Bonaerense. Semanas antes había advertido en una dura carta enviada a la Corte Suprema que, por falta de recursos, el debate no sería posible hasta febrero de 2016.

El 18 de julio de 1994, la sede de la AMIA fue blanco de una bomba. 85 personas murieron y otras 300 resultaron heridas. Los efectivos inocentes fueron procesados y enjuiciados a principios de la década pasada en un proceso que culminó con su sobreseimiento y la denuncia de presuntos desvíos en la instrucción que, más tarde, fueron probados. La Justicia halló pruebas de que los servicios de Inteligencia del Estado y fuerzas de seguridad encubrieron y borraron pistas en favor de cómplices locales de los autores del atentado durante el gobierno de Menem.