Las investigaciones por Malvinas desarman, como dice el abogado Pablo Vassel, los argumentos de la guerra patriótica librada contra el enemigo interno y comunista, a través de los cuales aquellos integrantes de las Fuerzas Armadas aún reivindican el genocidio. La causa judicial que se inició en 2007 y tuvo un primer final en la Corte Suprema este año, todavía puede avanzar con pedidos de indagatoria sobre unos 70 imputados.

La causa comenzó en Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, con una denuncia original de 23 hechos de torturas, castigos y tres casos de muerte por hambre impulsada por Vassel con al Centro de ex Combatientes de Islas Malvinas La Plata Cecim La Plata. Con el tiempo, el juzgado sumó nuevas denuncias de soldados de Corrientes, Santiago del Estero, Córdoba, Chaco, Santa Fe y Buenos Aires hasta acumular unos 120 testimonios que probaron 85 crímenes por violación a los derechos humanos y 70 imputados de las tres Fuerzas Armadas. La Justicia de primera instancia entendió que los delitos eran de lesa humanidad y debían ser investigados. Pero el fallo fue apelado ante la Cámara de Apelaciones local por uno de los imputados, el ex subteniente Jorge Taranto. La Cámara confirmó el fallo de la primera instancia pero la causa se dio vuelta en abril de 2010 cuando la Sala I de la Cámara de Casación Penal declaró la prescripción de los hechos. Los casacistas Raúl Madueño, Juan Fégoli y Juan Rodríguez Basavilbaso dijeron que “no se ha demostrado que el ataque a quienes se señala como víctimas haya sido parte y objetivo de una política” ni “la consecuencia de un plan determinado de ataque hacia una población o grupo”. La decisión fue apelada a la Corte Suprema de Justicia por las querellas. En febrero de este año, luego de cinco años y con un fallo de tres líneas, la Corte desechó el recurso y dejó firme la decisión de Casación. El fallo recibió críticas múltiples. Las víctimas recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir la revisión del caso por la imputación a Taranto. Pero en el plano interno, las causas continuaron avanzando porque a pedido de las querellas la Corte emitió una explicación en la que indicó que no se había pronunciado sobre el fondo sino sobre cuestiones de forma y sobre un solo imputado. En ese contexto, a fines de agosto el Cecim pidió ocho indagatorias al juzgado de Río Grande. La fiscalía federal de Marcelo Rapoport requirió la causa al juzgado para investigarla y ahora se apronta a pedir las indagatorias sobre los mismos ocho imputados que la querella. Este es el tramo que podría avanzar en lo inmediato. Son ocho imputados con pruebas más claras. Solo uno está detenido por una de las causas de lesa humanidad en el continente.

En forma paralela existe otro expediente en el juzgado federal de Comodoro Rivadavia por el caso de un conscripto estaqueado en el continente, en el liceo militar de esa ciudad. La causa es un desprendimiento de Río Grande. Allí se investiga a Daniel Alejandro Delfor Polano, teniente coronel retirado, denunciado como torturador del El Campito de Campo de Mayo, imputado y procesado en Comodoro Rivadavia.