“La Presidenta no quiere colaborar. El decreto fue extrapolar algo específico, el fallo de la Corte para tres provincias, a todas las provincias”, disparó Mauricio Macri, presidente electo, contra Cristina Kirchner, presidenta saliente. Fue durante el acto en el Jardín Botánico en el que el primero presentó a su futuro gabinete de ministros. Fue en alusión al decreto de necesidad y urgencia 2635/2015, por el cual el gobierno nacional resolvió dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema que declaró “inconstitucional” la detracción del 15 por ciento de la masa de impuestos coparticipables, que se destinaba a la Anses. Dicho fallo no determina sobre “algo específico” referido únicamente a tres provincias, como explicó ayer Macri, sino que declara “inconstitucional” el artículo 76 de la ley 26.078, mediante el cual se resolvió la deducción o detracción del 15 por ciento de la masa de impuestos coparticipables, para derivárselos a la Anses. El decreto de necesidad y urgencia efectivizó esa resolución a partir del momento que la Corte estableció que entrara en vigencia, es decir el 1º de diciembre.

No es que la Corte haya considerado inconstitucional descontarle esos fondos coparticipables a Santa Fe, Córdoba y San Luis y no al resto, sino que consideró que la detracción es, en sí misma, inconstitucional. El cese de la detracción, tal como ordenó la Corte, se hizo efectivo a través del mencionado DNU a partir del 1º de diciembre. En cambio, lo que sí tiene un carácter específico es la orden de la Corte de devolverles los fondos descontados a esas tres provincias desde 2006 a la fecha, que fueron las que lo demandaron. El DNU firmado por Cristina no extiende ningún beneficio al resto de las provincias, simplemente hace efectiva la primera parte mencionda del fallo.

Molesto por la pregunta del periodista, Macri se apuró en imputarle a la Presidenta falta de voluntad de colaborar, sin atender el otro sentido de la consulta. Ese mismo decreto dispuso compensar a la Anses con fondos de Rentas Generales (recursos del Tesoro) por la detracción que le recortaría aproximadamente una sexta parte de sus ingresos normales. Es decir, que el DNU supone incrementar el déficit fiscal del año 2016 en aproximadamente 95 mil millones de pesos (a valores de este año) para compensarle a la Anses el dinero que no recibiría y que, en cambio, sería repartido entre las administraciones provinciales.

El interrogante es si, una vez bajo el mando de Macri, el Poder Ejecutivo dejará vigente este decreto que protege al sistema de seguridad social, con costos a cargo del Tesoro nacional, o lo deroga para evitar el aumento del déficit, obligando a la Anses a hacerse cargo por sí misma del desfinanciamiento. Esto es: sale a liquidar activos para seguir pagando las prestaciones o se endeuda. En vez de definir un criterio sobre una cuestión tan sensible, el presidente electo lo eludió con una acusación a Cristina en base a una interpretación errónea del contenido del decreto. De paso, evitó confrontar con Ricardo Lorenzetti, titular de la Corte, cuyo fallo, 48 horas después de resuelta la elección presidencial a favor del líder del PRO, apuntó a poner en una encrucijada el futuro de la Anses, principal herramienta de redistribución de ingresos a partir de la eliminación del régimen de jubilación privada (AFJP) y a lo largo de la última década de gestión kirchnerista.

“En lugar de salir por la puerta grande, (la Presidenta) elige salir por la puerta chica. Hay que avanzar hacia el federalismo, Hay que resolver muchos problemas históricos, pero Cristina centralizó más los ingresos quedándose con los recursos de las provincias”, sostuvo Macri en la misma oportunidad. Ayer se supo que Santiago del Estero también sumará su reclamo para que se le restituyan los fondos detraídos, tal como ya se dispuso en favor de Santa Fe, Córdoba y San Luis. Ayer trascendió que Misiones, Catamarca y Salta se agregarían al lote de los que piden restitución.