La lentitud es una característica endémica de los Tribunales. La burocracia, el papeleo, la desidia, el desdén por los litigantes son algunas de las concausas para los trámites que afectan a gentes del común. En procesos con contenido político, aquellos que tramitan ante la Corte o los tribunales federales, la morosidad se acrecienta porque es un recurso de los jueces. Una herramienta para condicionar a los procesados o implicados. Un expediente cajoneado funciona como una variante de la espada de Damocles. Activarlo o hibernarlo es un modo de condicionar a otros.

Las causas eternas son frecuentes, mayormente la regla. Nada hay de casual y todo de sintomático cuando muchas se activan en forma simultánea. El período de transición democrática fue fértil en pronunciamientos. Se le sacaron las telarañas a expedientes añosos. Comodoro Py y la Corte Suprema demuestran así su poder y su adecuación oportunista a los tiempos políticos.

La reseña veloz que se hará no se detendrá en el análisis pormenorizado de cada caso. Esa cuestión es, a los efectos de esta nota, secundaria o nimia. Hay mucha política y poco derecho en las resoluciones que llovieron en estos días.

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Estuvo productiva la Corte Suprema residual, lo poco que queda de lo que fuera un cuerpo valioso, desmembrado y desjerarquizado vía renuncias y fallecimientos.

Benefició al sindicalista de Cambiemos Gerónimo Venegas en un fallo bochornoso, que ni el beneficiario esperaba. Nadie les pedía tanto.

Las sentencias sobre coparticipación pusieron fin a pleitos que perduraron años. Los Supremos pisaron el acelerador en pésimo momento. Habituada a la búsqueda de consensos y audiencias conciliatorias, la Corte podría haber convocado a una instancia de diálogo entre el gobierno electo y las provincias demandantes. Prefirió convulsionar el escenario político y económico en una maniobra casi inexplicable. Puso en vilo a la gobernabilidad, con finalidades no claras.

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En Comodoro Py, se dirimieron juicios añejos, con olor a naftalina. Los devaluados ex presidente Carlos Menem y ex mega ministro Domingo Cavallo fueron condenados por pago de sobresueldos. Los hechos acontecieron hace la friolera de veinte años.

La absolución del ex presidente radical Fernando de la Rúa en la causa por presuntas coimas en el Senado versa sobre sucesos más cercanos: ocurrieron hace apenas quince años, ayer no más. El tribunal que eximió a De la Rúa de hechos confesados por varios participantes fue menos canallesco que el de la instancia anterior. Una Cámara había enunciado que los delitos “no existieron”, algo exótico a la competencia de un tribunal. Su capacidad llega a verificar si fueron probados o no.

Para ser francos, es más que dudoso que esos asuntos interesen todavía a la sociedad. Los gobiernos respectivos se pierden en la bruma del tiempo. Los protagonistas son jubilados políticos. Saldar cuentas con ellos apunta a otros objetivos, jamás confesables.

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La decisión del juez Sebastián Casanello de “acelerar” el trámite del proceso contra el presidente electo Mauricio Macri concuerda con el panorama general. El fiscal Jorge Di Lello pidió su sobreseimiento. Sería ingenuo discutir los méritos jurídicos de las decisiones: es clavado que se trata de un gesto oportuno en términos políticos.

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Sería risible si no fuera grave el accionar del juez federal Claudio Bonadio, quien actúa en línea con los deseos del gobierno macrista, como ariete para presionar a funcionarios. Allanamientos infundados son parte central del repertorio del republicanismo entrante que no le hace asco al chantaje judicial para imponer sus objetivos.

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La creciente gravitación del Poder Judicial es una espina infectada para el sistema democrático. Todos los gobiernos (el kirchnerista no hizo excepción) los tratan con transigencia en sus momentos de auge y los padecen en el ocaso.

El intento de reforma judicial del oficialismo saliente fue desmañado e ineficaz pero apuntaba a un objetivo que sigue siendo deseable y, ay, cada vez más remoto. Adecentar al más oscuro, menos representativo y más perdurable poder del Estado.