Si algo había que agregar al escándalo penitenciario es la disconformidad interna. No de presos, ni de empleados, algunos de cuyos testimonios fueron revelados ayer en exclusiva por Página/12. Ni de una carta de oficiales y suboficiales, ya publicada. En este caso, la disconformidad alcanza los planos superiores: un jefe de unidad penal bonaerense reveló que en julio envió una carta al gobernador Felipe Solá y al ministro de Justicia, Alfredo Meckievi, poniéndolos en antecedentes de la corrupción del SPB, y de la “obligación de ocuparse de remover cuanta autoridad sea necesaria”.
La carta no llegó a destino o no fue atendida, dado que cuatro meses después es enviada a este diario. La nota, que trata los mismos temas que la carta anónima de oficiales y suboficiales recientemente enviada al camarista Fernando Maroto, es mucho más precisa y revela un conocimiento del sistema al que sólo un jefe podría acceder. La denuncia firmada con un obvio alias, Gonzalo Pérez, apunta directamente contra la subjefatura del SPB. Sostiene que es allí donde se controla la “corrupción” que ya es “estructural” y pone como ejemplo que el denunciado se desempeñó “siempre en puestos claves”. “Jefe de la U9, recaudaba quince mil dólares; jefe de División Traslados, más de veinte mil en concepto de vales de combustible, viáticos, compra de repuestos, reparación de motores; subdirector de Seguridad, recaudación incalculable”. También menciona los negociados de la carne, los vueltos suculentos y una cantidad de comercios proveedores, de talleres y armerías a una librería cuyo dueño es amigo personal del acusado. Señala el negocio montado en la Escuela de Cadetes, ya informado por este diario, las compras truchas de medicamentos, la falta de tranquilizantes psiquiátricos, los descuentos compulsivos. Y concluye: “Vergonzoso: hay jefes que tienen cadetes y oficiales, alumnos con oficio, trabajando gratis en sus casas”.