Por Eduardo Macaluse *

El presupuesto para el 2002, aprobado por la bancada mayoritaria en el Congreso de la Nación, al que los diputados del interbloque nos opusimos, contiene un fuerte recorte en las partidas destinadas a educación. A saber: 600 millones menos para educación básica, y la incertidumbre acerca del pago del fondo de incentivo docente. Esto concretamente significa una poda de entre el 9 y el 26 por ciento, según la provincia que se tome, del ya diezmado salario del magisterio, abonado en su parte más sustancial en bonos.
A ese ajuste, muchas de las jurisdicciones añaden otros en virtud del cumplimiento del último pacto “federal”, cuyo fin es bajar el gasto de las provincias, tal como lo reclama con prisa y sin pausa el FMI.
La aplicación de estas medidas en el territorio bonaerense implica que se podan 600 millones de pesos, se congela la antigüedad, se suspende el pago por zona desfavorable, se aniquilan o restringen derechos como por ejemplo la licencia por embarazo; y se deben pagos a los proveedores de los comedores escolares, donde, como se sabe, toman su única comida diaria miles de alumnos.
Esto sucede mientras el Gobierno se hace cargo de la deuda de 2000 millones de dólares que las empresas que cultivan relaciones carnales con el poder tienen con el Banco Provincia.
Esto ocurre mientras en el conurbano se registra una deserción escolar que supera el 20 por ciento, cuyo origen es la pobreza extrema a la que han sido arrojadas las familias a las que se les suprimieron las becas escolares.
Los paros docentes no son una medida que provocan placer a los maestros ni al comienzo del ciclo lectivo, ni nunca. Son un reclamo legítimo ante la sordera del poder. Pero el eje no radica en si los chicos pierden un día de clase por la huelga, sino en las condiciones en las que deberán concurrir a las aulas el resto del año, y en lo que se va a hacer en ellas día a día.
El contexto social que atraviesa también a la escuela es difícil de imaginar para quienes no frecuentan la provincia de Buenos Aires. La situación de los sectores más pobres es tan grave que concretamente les impide llegar al último eslabón del Estado que los incluía.
La famosa movilidad social a través de la educación es hoy sólo un buen recuerdo de otros tiempos, este sistema económico ha terminado con ese derecho en nuestro país. Lo mismo ha sucedido con el discurso pedagógico que resultó reemplazado por el sistema contable. Afuera quedaron la organización escolar, la didáctica, la formación y capacitación de los docentes y la necesidad de una reelaboración de la teoría pedagógica desde la realidad diaria de maestros y alumnos.
La pregunta es cómo se reconstruye la cultura de la productividad, tan citada en los discursos oficiales, sin una acción permanente en la que el papel de la educación es insoslayable como parte de una estrategia del Estado, que hace demasiado tiempo está ausente.

* Diputado nacional (ARI).