Testimonios recogidos por Matías Ferrari.

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Por María Laura Garrigós de Rebori *

“Un fallo previsible”

“El fallo era previsible. No se esperaba otra cosa: ni absoluciones ni penas ridículamente altas. Los montos de las penas pueden ser considerados razonables, no parecen excesivas y aunque estuvieron por debajo de lo que pidieron los fiscales, están dentro de lo esperable. Las atribuciones de culpabilidad sobre los hechos, sin embargo, sí parecen compadecerse con lo que pidieron los fiscales. Por el relato histórico de la causa, era también esperable que se repartieran responsabilidades a todos los enjuiciados. No es un tribunal, además, que se caracterice por penas benévolas. He participado de ese tribunal en otras oportunidades y son de aplicar penas duras. Las penas pueden resultar altas para lo que uno está acostumbrado, pero no para lo que pasó. La imputación a Jaime también parece razonable. Hoy en día ser funcionario y no hacerse cargo, sea por omisión o por cohecho, de las funciones propias del cargo, trae consecuencias. De todas formas tampoco es algo tan novedoso: ha llegado un tiempo en que la ciudadanía ejerce un control más riguroso de los funcionarios. Sobre este punto, es conveniente esperar los fundamentos, porque los funcionarios condenados no son responsables directos de ningún hecho: resta saber cómo construyeron el camino a su responsabilidad. Según el fallo, el único autor directo es el maquinista, el resto es aledaño. Respecto de los tiempos, a la causa aún debe recorrer por lo menos un año más, a partir de que la tratará Casación federal; y como puede considerarse que es un caso notorio, también se puede abrir la Corte. El fallo iba a caer en estos días irremediablemente, no me parece atinado situarlo en el contexto del nuevo gobierno. El tribunal no estiró los tiempos, no veo otros intereses. Tengo con ellos una visión distinta del derecho, pero no son malos jueces. Más allá de este caso, se observa un revanchismo hacia funcionarios del gobierno saliente, que seguirán desfilando por Comodoro Py. Ya se vio: cientos de denuncias que nada tienen que ver con delitos reales, sino con motivos políticos, y que pocas veces han tenido éxito.”

* Presidenta de la Cámara de Casación Penal y titular de Justicia Legítima.

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Por Sergio De Piero *

“Una nueva lógica”

“El fallo, aun esperando que existan apelaciones y ver qué se resuelve en otras instancias, tiene características muy importantes, no sé si darle la entidad de históricas, pero son muy relevantes si miramos hacia atrás. Esas características están dadas por las condenas a varios miembros de la empresa con capacidad decisoria en el funcionamiento de la misma y a dos ex funcionarios, con capacidad de control y regulación. En ese sentido, aquí ha sucedido algo que frente a otras tragedias (LAPA, Austral, Fábrica Militar de Río Cuarto, AMIA, Embajada de Israel, etc.) el Poder Judicial no había actuado y es probable que el Poder Ejecutivo no haya facilitado, e incluso entorpecido la acción del primero. Aquí sucedió otra cosa. Se explica por un proceso de años en donde el Poder Judicial ha debido dar algún tipo de respuesta, y a su vez un Poder Ejecutivo que no entorpeció la investigación. Decir ‘la corrupción mata’ es una presentación muy simplificada de una trayectoria extensa de tragedias sucedidas en nuestro país, y es también el modo de señalar a ‘la política’ como la responsable sin ver las tramas que explican lo sucedido. La conducción política del Estado tiene un rol central, y dos condenas van en esa dirección, pero cuando en estos días volvemos a leer que ‘el ferrocarril le genera mucho gasto al Estado’ es también parte de la trama que destruye la construcción de un transporte seguro y de calidad. La idea es que las condenas cumplen esa doble función: castigar a quien delinque y ejemplificar al resto para desalentarlo a llevar adelante prácticas similares. Pero esto es solo una pequeña parte de lo que implica evitar nuevas tragedias de este tipo; que el gobierno anterior, y es de esperar que el actual la continúe, haya reformulado su política ferroviaria, es el marco necesario para evitar de modo estructural (y no poniendo por delante el derecho penal como disciplinador) que este tipo de tragedias vuelvan a suceder. Llegamos a una instancia en donde la sociedad dejó de aceptar que los accidentes son una ‘desgracia inevitable’. Hace 30, 40 años, era muy poco probable pensar así. Nació una nueva lógica de la responsabilidad que aún estamos procesando. Cromañón expresó algo de esto; este fallo avanza sobre esta perspectiva.”

* Politólogo, investigador de Flacso Argentina.

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Por Lisandro Teszkiewicz *

“Sienta un precedente”

“La sensación, sin los fundamentos y con las condenas, es que el fallo responde más a la presión social y mediática que a la causa en sí. El tribunal no tenía espacio social, político ni mediático para resolver alguna absolución. Hasta tanto no se den a conocer los fundamentos será difícil establecer si el fallo se sustenta en responsabilidades concretas o si responde a un clamor que exige que paguen ciertos funcionarios. El fallo condensa la idea que se construyó mediáticamente (con parte de verdad) acerca de las falencias del sistema ferroviario, que inevitablemente iban a terminar en tragedia. Pero que, en principio, se desentiende de las causas concretas de este accidente concreto. Si se mira en lo fino, han sido condenados dos secretarios de transporte de dos períodos diferentes, por determinación de organización. Lo cual claramente sienta un precedente: los funcionarios políticos con responsabilidad sobre ciertas áreas tienen incluso una responsabilidad mediata sobre deficiencias en los controles y en la gestión, lo cual es muy interesante. En abstracto, es positivo; en la práctica es una herramienta peligrosa en manos de los jueces. El monto de las penas es un tema complejo, pero si se tiene en cuenta que la pena máxima para los genocidas es de 25 años, siempre la graduación tiene que ir para abajo. En principio las penas son duras, no hay muchos antecedentes en que se condene funcionarios con nueve años de prisión efectiva. No es habitual este grado de dureza. Sobre todo cuando a ninguno de ellos se los acusó de haber sido los autores materiales, sino de haber tenido responsabilidad indirecta. Es esperable que el fallo esté inscripto en un clamor que exigía condenas ejemplificadoras. Si se compara por ejemplo con la tragedia de LAPA, las penas resultan esta vez mucho más duras. En el juicio por Lapa, las penas fueron muy blandas con las responsabilidades indirectas, que pesaron sobre empresarios, lo que también es una muestra de cómo el poder judicial tiene distinta vara respecto de distintos sectores sociales. A los imputados en las empresas privadas se les da penas fuertes, pero con los funcionarios políticos con los que el poder judicial ha tenido enfrentamientos durante estos doce años se le han dado las penas mas ejemplificadoras que se recuerden. Y tampoco es casualidad que hayan absuelto al presidente Mauricio Macri en la causa por las escuchas ilegales. Claramente el poder judicial ha tomado partido y lo está demostrando con sus fallos”.

* Consejero directivo de la Facultad de Derecho y miembro de Abogados por la Justicia Social.