El Gobierno intenta desde el martes llevar la causa por la fuga de General Alvear a la Justicia federal. El argumento es idéntico al marketing con el que se movieron desde el escape: el narcotráfico está detrás. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se presentó ante el juez federal Sergio Torres y denunció que en la fuga actúa el narcotráfico. Pero el texto presentado en el juzgado no fue acompañado por ninguna prueba. Por ejemplo, que los Lanatta y Schillaci fueron ayudados por tal grupo narco y eso se verifica en tales evidencias. El argumento es básicamente político: el narcotráfico está en todo, es culpa del kirchnerismo, los sujetos fueron condenados por la efedrina y por lo tanto en la fuga participaron los narcos. Pruebas: ninguna. Uno de los fundamentos con que se pretende el pase a la justicia federal es el allanamiento en la vivienda de Laura Barboza en Ciudad Oculta, donde se encontraron 200 dosis de paco y cocaína. El problema es que no se aportó ningún elemento que vincule a Barboza con los prófugos. Ya sea por marketing político que suena como música en los oídos de Washington o porque en la justicia de Comodoro Py se sienten locales, los funcionarios de Cambiemos insistirán con que el expediente pase a la justicia federal. La otra movida surgió del gobierno provincial, a través de un pedido de Cristian Ritondo a la procuradora bonaerense María del Carmen Falbo. El ministro pidió sumar a la investigación a los dos fiscales que trabajaron en el triple crimen de General Rodríguez, Marcela Falabella y Juan Ignacio Bidone. En verdad, ni la procuradora ni los fiscales generales pueden intervenir en una causa, porque de lo contrario se abrirían las puertas a un manejo discrecional. La lógica indicaba que el pedido de refuerzos saliera del fiscal encargado de investigar la fuga, Cristian Citterio, de Azul.