Las fuerzas de seguridad del Estado argentino “asesinan cada 60 horas a un ciudadano de entre 15 y 25 años”, con modalidades que van “desde el fusilamiento de sospechosos que no representaban peligro para persona alguna incluyendo al homicida”, hasta casos concretos de “gatillo fácil” o asesinatos ocurridos en cárceles, comisarías o en protestas sociales. Los datos surgen del informe anual presentado ayer, durante un acto en Plaza de Mayo, por la Coordinadora contra la Represión Policial (Correpi). La entidad, que agrupa a familiares de víctimas del gatillo fácil, precisó que este año “las agencias represivas argentinas han asesinado a 144 personas, lo que representa un promedio de 12 casos por mes y 2,8 por semana”. Al dar a conocer el informe, María del Carmen Verdú, abogada de la Correpi, recordó que desde 1983 a la fecha se registraron 1508 casos de homicidio provocados por la violencia institucional.
En una carta abierta que fue leída durante el acto, que nucleó a varios centenares de personas entre familiares, grupos piqueteros y partidos políticos de izquierda, la Correpi sostuvo que “el gobierno nacional y los gobiernos provinciales siguen teniendo las fuerzas de seguridad que necesitan para ejecutar sus políticas de hambre y exclusión a través de la represión”. Insistió además en la presencia de “escuadrones de la muerte que siguen practicando la ‘limpieza social’ en las villas y en los barrios pobres, tal como venimos alertando desde hace años”.
La Correpi sostuvo que el Poder Judicial, con muchos de sus fallos, actúa como “garante final de la impunidad de los asesinos”. Uno de los párrafos del informe está referido al crecimiento de los casos de gatillo fácil durante las marchas de protesta. “Los muertos de nuestro archivo no eran, en su mayoría, militantes ni luchadores sociales, pero desde 1995 son casi 50 los compañeros asesinados en protestas, cortes y movilizaciones.” Como signo común se menciona el hecho comprobado de que “casi todas las víctimas responden a una misma definición de clase: jóvenes pobres, desempleados y excluidos”.
Verdú explicó que, si se tomara la cantidad de casos por distrito, en 2003 “en la provincia de Buenos Aires se produjo el 47,9 por ciento de las muertes, en Santa Fe el 12,99, en Córdoba el 9,38, en la ciudad de Buenos Aires el 8,37 y en Mendoza el 3,82 por ciento”. En cambio, si se tuviera en cuenta la relación entre el número de muertos por distrito y la cantidad de habitantes, Santa Fe estaría al frente con “el 62,01 por ciento” y en los puestos siguientes se agruparían Catamarca (58,63 por ciento), La Pampa (51,49) y recién después vendría la provincia de Buenos Aires con el 50,27 por ciento.
Si se habla de la fuerza que produjo la muerte, allí sí sigue a la cabeza la Policía Bonaerense, segunda se ubica la de Santa Fe y en tercer lugar la Policía Federal. En otros casos intervinieron otras fuerzas de seguridad. En la plaza estuvieron presentes los familiares de Rodrigo Corzo, un joven de 27 años que fue asesinado por la policía bonaerense el 28 de junio pasado en Castelar. Como en otros casos de violencia policial, la Bonaerense dio la versión de un supuesto enfrentamiento. Rodrigo era miembro de la murga Chinaka Murguera. “El que fue asesinado era un chico que estudiaba, trabajaba y realizaba trabajos sociales”, dijo Verdú.
En nombre de los familiares de las víctimas habló Delia Garcilazo, la mamá de Rodolfo Ríos, un preso que fue asesinado en la hoy desactivada cárcel de Caseros, el 4 de noviembre de 1992. La mujer, que habló de pie, apoyada en sus muletas, aseguró que “con el actual gobierno de Néstor Kirchner, a pesar de lo que dicen muchos, la represión contra los pobres es la misma: sobran los palos y las balas”. Dirigiéndose a otras entidades que agrupan a víctimas del gatillo fácil, dijo que la política actual “apunta a la división de los familiares, porque se arman grupos que tienen como meta dar seminarios ante el personal policial, olvidando que ellos fueron los asesinos de sus hijos y pensando erróneamente que de esa forma se los puede cambiar”. En la plaza estaban los familiares de Sebastián Orona, Marcelo Báez, Víctor Balza, Walter Verón, Daniel Sosa, Sergio Durán, José Nuni Ríos, Víctor “El Frente” Vital y Juan Antonio Cid, entre otras víctimas de la violencia institucional.