Las empresas proveedoras de servicios del sector petrolero solicitaron al gobierno nacional aplicar un procedimiento preventivo de crisis para suspender a 5 mil trabajadores petroleros de Neuquén, aunque estimaron que la crisis podría afectar a un total de 10 mil trabajadores del sector. Si bien todavía no fue confirmado por el Gobierno, la situación parece encaminarse hacia la suspensión masiva de trabajadores. A la salida de una reunión con funcionarios nacionales y de YPF, Guillermo Pereyra, secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado y senador nacional, dijo que “habrá una readecuación de tareas pero sin despidos”, aunque no dio más detalles. El conflicto laboral se extiende a toda la cadena de producción de hidrocarburos y también en las otras provincias petroleras, como Chubut, en donde la situación es todavía más delicada. “Ojalá nosotros tuviéramos el barril como ellos”, consideró el dirigente petrolero chubutense Jorge Avila, en relación a la situación de Neuquén.

Ayer se supo que la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (Ceope) solicitó al Gobierno que de luz verde a la suspensión de 5000 trabajadores petroleros de Neuquén para paliar la situación del sector. La entidad reclamó la ayuda del Estado a raíz de la abrupta caída del precio del barril de crudo a nivel global. “Esta crisis podría generar la afectación de aproximadamente 10 mil puestos de trabajo en las dotaciones actuales de las operadoras y compañías de servicios”, advirtió el apoderado de la Ceope, Julián De Diego. El problema de fondo, que afecta al sector a nivel global, es que el barril de petróleo está en 33 dólares, cuando a mediados de 2014 rondaba los 110 dólares. Las operaciones de exportación reciben el precio internacional, mientras que aquellas que se dirigen al mercado local tienen un precio sostén de 54,9 dólares. El deterioro de los precios afecta a las empresas y a las provincias, que dependen en buena medida de las regalías hidrocarburíferas. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, propuso que los trabajadores cobren menos horas extra, las provincias acepten la baja de regalías, el Gobierno otorgue un subsidio y que las empresas resignen rentabilidad.

El procedimiento preventivo de crisis es una herramienta contemplada en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Supone un subsidio para que la empresa pueda suspender a trabajadores. Los empleados suspendidos, a su vez, cobran una parte del salario sin extras, al tiempo que las compañías dejan de abonar ciertos impuestos como las cargas por jubilación y obra social. “Las empresas alivian su costo laboral, manteniendo personas calificadas y experimentadas en condiciones de reanudar la actividad y las autoridades activan una herramienta que minimiza el impacto social y contribuye a la sustentabilidad de las empresas”, justificaron los directivos de la Ceope, quienes aclararon que luego replicarán el pedido para las operaciones en Chubut y Santa Cruz.

El pedido involucra a las firmas Schlumberger, Oilfield Services, Halliburton, Huinoil, Weatherford, San Antonio, Bolland, Baker Hughes, DLS y Smith International, aunque también tendría impacto en YPF, Petrobras, Total y Pluspetrol.