Uno de los datos más impactantes de la encuesta de Ibarómetro es que aparece claramente enraizado el concepto dictadura cívico-militar. Sólo el 24 por ciento de los consultados creen que lo ocurrido fue responsabilidad únicamente de los militares, mientras que más de la mitad de los encuestados, el 57 por ciento, afirma que la responsabilidad fue también de otros sectores de la sociedad.

Ignacio Ramírez analiza que “el estudio revela un dato muy importante relativo al modo en que la sociedad ha metabolizado la dictadura: por un lado, la mayoría conceptualiza al golpe como un proceso que fue respaldado y apalancado por distintos sectores y factores de poder de la sociedad argentina. Es decir: la conceptualización de golpe cívico-militar es el formato bajo el cual la mayoría de los argentinos se representa lo sucedido durante aquellos años; lo cual demuestra que la memoria es un proceso dinámico y abierto. En este sentido, la tarea de los organismos de derechos humanos, de la justicia y especialmente del último ciclo político han contribuido fuertemente a este tipo de comprensión de lo ocurrido aquel 24 de marzo”.

La postura respecto a los apoyos y el protagonismo civil del golpe es sostenida desde siempre por los organismos de derechos humanos. Siempre se tomó como ejemplo la cantidad de comisiones internas que fueron virtualmente entregadas por los empresarios, los dueños o ejecutivos de las empresas. Aquellos delegados y trabajadores nunca más volvieron a aparecer. Hoy por hoy, el enfoque también apunta a los planes económicos que impuso la dictadura y que tuvieron como protagonista a José Alfredo Martínez de Hoz, no a un uniformado. Y que los beneficiados fueron los grandes grupos económicos. Sobre esa base, en los últimos años, principalmente durante la gestión del kirchnerismo, se instaló el concepto de que la dictadura no fue un fenómeno sólo militar sino que tuvo el protagonismo y el respaldo de muchísimos civiles.

También en este terreno se ha ido instalando la idea de que hubo colaboración activa de los altos cargos de la iglesia católica. La denuncia de las organizaciones de derechos humanos contra esa jerarquía empezó durante la misma dictadura. La publicación de numerosos documentos en los últimos años consolidó también la noción de que los represores fueron bendecidos por buena parte de los altos cargos referenciados en el Vaticano.