El texto de la acusación de la Comisión de Juicio Político contra la Corte Suprema por las irregularidades en la investigación del atentado contra la Embajada es de una debilidad asombrosa. Las imputaciones son generales: falta de control, negligencia en la conducción de la instrucción, omisión de investigar, desorganización, ausencia de coordinación. El escrito no formula ni una acusación concreta, precisa, sobre la increíble cantidad de errores e irregularidades que se cometieron en la pesquisa. Por ejemplo, que no se contaran correctamente los muertos –la cifra oficial fue de 29 y pasó a ser de 22 después de un conteo oficial en 1997, cinco años después del ataque–, que no se hiciera inicialmente el análisis de ADN de las víctimas para determinar si hubo o no un suicida, que se tardaran siete años en determinar si la explosión fue adentro o afuera de la Embajada.
La causa Embajada tiene un carácter excepcional: se trata de un caso en el que la Corte tuvo que realizar la instrucción por tratarse de un ataque contra un Estado extranjero. Por eso, las imputaciones no tienen que ver con encuadramientos o enfoques jurídicos, competencias o incompetencias, como es en el caso Armas, el corralito o el caso Moneta. En la Embajada los ministros son los responsables de una pesquisa que fracasó. El único punto concreto de la acusación es: “Omisión de investigar, en especial en referencia a la pista de la Jihad Islámica, a la actuación del personal encargado de la seguridad del edificio de la Embajada de Israel a fin de deslindar responsabilidades y a la determinación del lugar y modo de la explosión, no obstante los elementos obrantes en la causa”.
Todo indica que la Comisión tendrá que fundamentar mucho mejor la acusación en el caso Embajada. Tal vez cuando se realicen las audiencias salga también a la luz la escasa voluntad política de investigar que hubo por parte del gobierno de Carlos Menem y del máximo tribunal.