El avance de los proyectos legislativos que en ambas cámaras impulsan diputados y senadores de todos los bloques opositores para fijar la doble indemnización y frenar la ola de despidos despertó preocupación en las principales cámaras empresarias del país, aunque también advirtieron que la apertura de importaciones y la devaluación, entre otras medidas del Gobierno, afectaron el nivel de actividad y fomentaron los despidos.

La Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), sostuvo en un comunicado difundido ayer que la pérdida de empleo es “una preocupación fundada” de los legisladores, pero comenzó a hacer fuerza en el Congreso contra los proyectos y reclamó ser excluida de la obligación de la doble indemnización.

La CAME situó el número de despedidos en 120 mil, lo que calificó como “un flagelo que afecta a miles de familias”, pero pidió a los legisladores “mirar la economía con franqueza” para luego elevar el reclamo de exceptuar a la pymes del régimen de doble indemnización. A la par de la crítica a las medidas del Gobierno que afectan al sector, como el tarifazo, las altas tasas de interés y la apertura económica, la CAME advirtió que de aprobarse, el proyecto traería mayores complicaciones. Con ese planteo, sus dirigentes mantuvieron reuniones ayer con los diputados del Bloque Justicialista Sergio Kosiner y Alberto Roberti, que presiden las comisiones de Pymes y Legislación Laboral Respectivamente, además de juntarse con el senador del FpV Juan Manuel Abal Medina, entre otros.

En sintonía, la Cámara Argentina de Comercio (CAC), caracterizó la situación como de “emergencia económica” aunque tildó a las iniciativas de “inoportunas y sin fundamento”. El diputado massista y dirigente de la UIA, José de Mendiguren, se diferenció de sus compañeros de bloque y, reunido en Diputados con industriales, cargó contra la doble indemnización: “No es el momento”, afirmó en consonancia con representantes de la Confederación General Empresaria (CGE) presentes en el edificio anexo del Congreso.

La Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires (Uipba), por su parte, reclamó “políticas activas” para revertir “la fuerte caída en los niveles de producción provocada por la retracción del consumo y las altas tasas de interés”, pero consideró que los proyectos podrían agravar la situación “y llevar al quiebre” a muchas empresas.