Por E. T.

En junio de 2001 Carlos Becerra se quejó formalmente ante el procurador general de la Nación por una filtración a la prensa de la que potencialmente responsabilizó a los fiscales de la causa de los sobornos, Eduardo Freiler y Federico Delgado. Protestaba porque los medios dieron cuenta con suma certeza de la reunión en la que él informó sobre los gastos correspondientes a los dos cheques por 6,5 millones. Además de los fiscales, del cónclave habían participado el entonces ministro de Justicia Jorge de la Rúa, el juez Gabriel Cavallo y los camaristas Horacio Vigliani y Luisa Riva Aramayo.
Luego del informe de Becerra, los fiscales presentaron un escrito en el que reclamaron “un nuevo estudio pericial, con intervención de la Sigen, o un equipo de trabajo conformado por expertos”. También cuestionaron la pericia cuando afirmaron que “las contradicciones en que incurrió la propia SIDE en relación a asignaciones de dinero afirmadas y luego desmentidas, y/o métodos de pago, y/o renegociación de contratos de pago de servicios, tornan inusual la revocatoria del llamado a prestar declaración indagatoria de De Santibañes”. La indagatoria estaba prevista para el 17 de agosto de 2001, el mismo día que el pliego de Cavallo, con su ascenso a camarista, llegó a La Rosada.