Su concepción sobre el derecho de huelga es restrictiva, y en materia de derechos humanos tampoco es amplia su posición. Horacio Rosatti –nacido en Santa Fe, con título de abogado de la Universidad Nacional del Litoral y ex ministro de Justicia kirchnerista– no comparte los efectos de la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos al derecho interno, como surgió de la reforma constitucional de 1994 de la que él mismo fue parte.

Así, para este ex ministro de Justicia y ex Procurador del Tesoro es una potestad de los jueces la posibilidad discrecional de aplicar o no un tratado internacional en casos de derechos humanos (tales como los procesos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura) ratificado por la Argentina y deliberadamente incorporado a nuestro ordenamiento jurídico constitucional. Rosatti tiene una postura similar con relación al carácter vinculante de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A criterio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la materialización de esa postura que ostenta el flamante nuevo ministro de la Corte Suprema significa “un obstáculo serio para la concreción de mecanismos de protección efectiva de los derechos humanos en la Argentina” y también contradice la jurisprudencia del propio máximo tribunal que ha reconocido que sus decisiones deben subordinarse a las de la Corte Interamericana. Para Rosatti, no hay razón constitucional para seguir la interpretación de los organismos internacionales en cuanto a que los jueces tienen que realizar una comparación entre el derecho local y el supranacional.

En relación a las medidas de fuerza que despliegan los trabajadores, el ex Procurador del Tesoro y ex ministro de Justicia de Néstor Kirchner entiende que es una atribución exclusiva de los sindicatos formalmente constituidos para eventuales conflictos laborales concretos. Tal como destacó Horacio Verbitsky en Página/12, en el tomo I de su Tratado de Derecho Constitucional de 2010, Rosatti considera “constitucionalmente discutibles” las llamadas huelgas “por solidaridad” y las huelgas “políticas o sociales”. Para el CELS, esta concepción tan limitada de la legitimación para ejercer ese derecho y las razones que justifican la huelga “va a contramano de los estándares internacionales de derechos humanos y los mecanismos de la acción sindical”.

Rosatti se desempeñó como docente en numerosas universidades, entre 1995 y 1999, fue intendente de su ciudad natal por el Partido Justicialista, y en 1994 fue Convencional Constituyente por Santa Fe en la reforma de la Constitución. Tiene una extensa carrera académica, con 20 libros de su autoría y numerosas publicaciones de artículos vinculados al derecho.