La aplicación sistemática de torturas a las personas privadas de su libertad en la provincia de Buenos Aires está llegando a un nivel de escándalo que preocupa al gobierno nacional, ante la pasividad del bonaerense. El Servicio Penitenciario provincial es una fuerza autónoma, que fija y ejecuta su política sin interferencias del poder político, que prefiere no enterarse de lo que sucede intramuros. Igual que a la policía, lo protegen la Procuración General, que desalienta las denuncias, y la indiferencia de buena parte del Poder Judicial.
El jueves pasado, a raíz de la denuncia de tres madres, la defensora oficial María Dolores Gómez y el secretario de ejecución Diego Seitún visitaron la Unidad Penitenciaria 21, de Campana. Constataron que tres muchachos habían sido torturados en forma salvaje en la madrugada del 1ºde enero luego de los brindis de año nuevo. Según el recurso de hábeas corpus, Roberto Erik Cisneros fue golpeado y sometido al pasaje de corriente eléctrica. Más de una semana después todavía eran evidentes las lesiones en un brazo y una pierna. A Roberto Carlos Chivel Céspedes un oficial al que conoce como Tasmania y dos agentes penitenciarios lo sacaron de su celda a patadas y trompadas en la boca y el pecho. Lo llevaron a un buzón de castigo, donde lo esperaba el jefe de turno, Pedraza. Lo acusaron de “ortiba del juzgado de San Isidro” y le ordenaron que se arrodillara. Como se negó le pegaron una patada en los testículos. Una vez caído, le pasaron corriente eléctrica con el cable de un grabador en el brazo y la espalda, que quedaron insensibilizados. Lo siguieron golpeando en diversas partes del cuerpo antes de devolverlo a su celda. La lesión en los testículos le impidió orinar por cuatro días. “A simple vista camina con dificultad, demostrando en la entrevista un estado de gran angustia e indignación.” Su familia fue a visitarlo, pero el SPB negó que estuviera allí “para que nadie pudiera advertir los golpes, que eran visibles”. A Jorge Alberto Noya Torres lo llevaron esposado a la ducha de los buzones, donde comenzaron a golpearlo. Le colocaron “una especie de capucha” y sintió una fuerte quemazón en el hombro y la pierna derechos. “Por el relato de los otros detenidos y las heridas que presenta supone que también le pasaron corriente eléctrica. Aún tiene moretones en las piernas por las patadas recibidas y dificultades para caminar.” Isaías Miguel Alvarez Fólico fue agredido en su celda, “siendo visible una herida en el brazo, que fue suturada en un hospital”.
Según los internos, dice el recurso, la cárcel “se asemeja a un campo de concentración más que a una unidad penitenciaria, cuyo fin se supone es la resocialización de los reclusos”. El tiempo transcurrido desde la aplicación de la corriente eléctrica torna dudoso que pueda comprobarse en el análisis médico. Cuando eso ocurre muchos jueces se rehúsan a encuadrar los casos como tortura. El ex subsecretario de derechos humanos de la provincia, Jorge Taiana calificó esta práctica como la “desnaturalización de los tipos penales” y “una de las causas principales que inciden en la consagración de la impunidad”. Consciente de la política de premios y castigos del procurador Eduardo De la Cruz, el fiscal se declaró incompetente. La desesperación de las desprotegidas víctimas produce cuadros estremecedores. Cuando fueron trasladados a la alcaidía de los tribunales de San Isidro, uno se cosió la boca con una aguja, que colgaba del hilo, a la vista. Dentro de la boca, tenía una hojita de afeitar.
La presentación de este tipo de denuncias contra personal del Servicio es considerada como un antecedente negativo en los informes criminológicos que se piden a la junta de admisión y seguimiento para evaluar si un preso está en condiciones de acceder a libertades asistidas o condicionales, lo cual los convierte en rehenes. Los jueces disponen el traslado de las víctimas de casos similares a otros penales, pero siempre bajo la órbita del mismo SPB que se ensaña con los denunciantes allí donde estén. En cambio los denunciados, tanto por torturas como por malversación, son promovidos a cargos de mayor jerarquía. Desde la semana pasada, Rubén Puente (ex jefe de la Unidad 28 imputado por el incidente de amenazas hacia el camarista Fernando Maroto), es el nuevo Director de Trabajo del Servicio, y Gustavo César Loto (imputado en una causa penal por el cobro indebido de aranceles en la escuela de cadetes) el nuevo subdirector de Seguridad. El ex jefe de la temida cárcel de Melchor Romero, Rolando Héctor Fracchia, y su ex colaborador Barrios, denunciados por aplicación de patadas y puñetazos, submarino, golpes con palos en las plantas de los pies, simulacros de fusilamiento y uso de corriente eléctrica, están adscriptos como verdaderos becarios a la jefatura del Servicio.
Dos de los presos que sufrieron las torturas en la U21 fueron trasladados en forma preventiva a la U23 antes de declarar. Allí también fueron golpeados, para que midieran sus palabras ante los jueces. La falta de voluntad política del gobierno provincial por controlar estos abusos sistemáticos es notoria. Luego de asumir, el nuevo ministro de Justicia, Eduardo Di Rocco, se reunió a solas con el jefe y subjefe del servicio penitenciario, los inspectores generales José Emilio Lauman y Daniel Alberto Iglesias, sin la presencia del subsecretario de Política Penitenciaria, Eduardo Madar, quien intentó algunas medidas de control, en el sistema de compras y en el patrimonio del personal. Sin respaldo político poco pudo avanzar y ahora el servicio propicia su reemplazo y el regreso de un ex subsecretario menos molesto, Marcelo Lapargo.