El caso de Neuquén fue mencionado por el presidente-fundador del CELS, Emilio Fermín Mignone, en su libro clásico Iglesia y dictadura. Luego de describir lo sucedido, Mignone dice: “Esto es gravísimo desde todo punto de vista. Se impone que el presidente de la Nación en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, actúe sin más tardanza y que el Congreso tome cartas en el asunto. No es admisible que los oficiales y suboficiales argentinos sean adiestrados para torturar, ni sometidos, al igual que los soldados, a prácticas degradantes. Una cosa son el entrenamiento físico y psíquico, por intenso que sea, y las experiencias de sobrevivencia en medios hostiles y otra el sufrimiento provocado, con el fin de desatar la brutalidad humana contra enemigos indefensos. Hay que preparar oficiales de honor y no bestias. Sabemos, por otra parte, que las víctimas serán los propios compatriotas de acuerdo con la doctrina de la seguridad colectiva sustentada por nuestras fuerzas armadas”. Se refería a las posiciones expuestas por los Jefes de Estado Mayor durante las consultas del Congreso para la redacción de la ley de Defensa Nacional. El Congreso al menos estuvo a la altura de lo que reclamaba Mignone y la ley separó en forma tajante entre la Defensa Nacional y la Seguridad Interior. Esa diferencia sigue vigente hasta hoy y ha resistido todos los embates castrenses por recuperar roles policiales.