A menudo, para muestra basta un botón. Hablamos, acá, del camarista de Casación Juan Carlos Gemignani, quien incurrió en abuso de autoridad y violencia contra una funcionaria judicial. Gemignani le ordenó, verbalmente, la confección de un inventario urgente a la Secretaria del mismo tribunal María Emilia Expucci. La funcionaria se negó porque la labor era ajena a las propias de la Feria, causas urgentes e impostergables. Le pidió al camarista, con buena lógica legal, que el ukase se pusiera por escrito como corresponde a un procedimiento judicial y no a una orden militar en tiempos de guerra. Gemignani montó en cólera, ordenó a su custodia detenerla y encarcelarla.

El escándalo se propagó como reguero de pólvora. Otros camaristas de Casación volvieron de inmediato de las vacaciones, se reunieron, le dieron un rapapolvo de cuerpo presente al irascible magistrado. Expucci fue liberada.

Llovieron cuestionamientos para Gemignani –un radical amigo del ex senador Ernesto Sanz– hasta de sectores que son (o eran) sus aliados. La Asociación de Magistrados expresó solidaridad con la Secretaria. La lista Bordó de esa organización calificó la detención como “ilegítima”. La integra el juez Ricardo Recondo, correligionario de Gemignani y talibán antikirchnerista: por lo visto el encarcelador serial trasgredió un límite infranqueable.

La prepotencia tiene un tufillo machista que animó a Susana Medina, titular de la Asociación de Mujeres Juezas, a denunciar “violencia institucional”. Julio Piumato, titular de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, expresó que el arresto era “una locura” y “un disparate”.

Gemignani, ganador del Olimpia de Oro semanal en macrismo explícito, quiso defenderse atacando, valiéndose del rebusque de moda. Quiso tapar el bosque de su desvarío denunciando una hipotética maniobra corrupta del kirchnerismo. Su andanada es virtual, como una nube gaseosa. El abuso de autoridad es flagrante y debería valerle la destitución si el Consejo de la Magistratura fuera un ente serio… no hay motivo para alumbrar grandes esperanzas.

Gemignani corporiza un ejemplo más del desborde cotidiano de jueces que violan las leyes, prepotean y encarcelan sin ton ni son. De modo secundario, un síntoma del creciente autoritarismo de dirigentes o magistrados radicales, cuya nave insignia es el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

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La Feria de invierno toca a su fin, La Corte Suprema mínima debe tomar por las astas el toro del tarifazo. El Gobierno “poco atento a la comunicación” le dio un despliegue formidable a la cumbre entre el presidente Mauricio Macri y el productor, animador y dirigente futbolístico Marcelo Tinelli. Fotos, comentarios, snapchats, testimonios de un encuentro entre dos tipos macanudos. Salta a la vista la diferencia con el cónclave sigiloso entre el primer mandatario y el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, que se mantiene en la clandestinidad. Ni una mísera imagen, ni una selfie, menos un comunicado presidencial o cortesano. El Centro de Información Judicial (CIJ), portal que comparte las misiones de informar sobre fallos judiciales y actividades de campaña de Lorenzetti, sigue ocultando el palique. A dos semanas largas, aun sin ser muy conspirativo, cabe sospechar que seguirá el secretismo. La tenida es preocupante cuando la Corte debe dirimir una cuestión en la que el Gobierno es parte y el reglamento del Tribunal prohíbe audiencias privadas con uno solo de los litigantes en tal caso.

La brasa ardiente llega por un recurso extraordinario contra una digna sentencia de la Cámara Federal de la Plata, compuesta entre otros por Leopoldo Schiffrin, magistrado de alto nivel técnico e impecable trayectoria. El hecho sugiere que todos los poderes el estado (aún el peor de todos, el Judicial) son territorios en disputa, jamás resumible a los mejores o peores de sus integrantes.

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Macri se valió de los reportajes concedidos a la cadena privada oficial para embestir contra la Asociación Justicia Legítima (JL) y los tribunales del Trabajo. JL es una organización lícita, compuesta por jueces y funcionarios de trayectorias y pergaminos indiscutidos, cuyo pecado es no acompañar las tropelías de los federales de la servilleta ni rendir pleitesía a Lorenzetti. Por cierto, criticó a Gemignani en un comunicado breve y contundente.

La carga contra los tribunales laborales fue reforzada por el Jefe de Gabinete Marcos Peña. Se le endilga ser facciosa, inclinada a fallar a favor de los trabajadores. Peña recuperó el rosario de lugares comunes de las corporaciones patronales y las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). Habló de “exceso de litigiosidad” y sentencias millonarias que encarecen los costos de las filantrópicas ART. Algo debe agradecérsele al ministro Jefe: jamás interrumpe sus peroratas con datos concretos, cifras o mediciones. Ni siquiera las de aquellos que le dan letra y aval político.

La competencia laboral es la gran cenicienta del Poder Judicial, deuda de los Poderes ejecutivos (entre ellos, el actual) y de la desidia, por ahí deliberada, de la Corte. Su presupuesto es irrisorio, le faltan insumos básicos, hay juzgados cerrados por deficiencias de infraestructura. Lorenzetti dotó a los tribunales porteños de un sistema informático pésimo y carísimo que tiene la asombrosa virtud de acentuar la lentitud de los pleitos.

El Fuero del Trabajo fue creación de Juan Domingo Perón cuando era Secretario de Trabajo hace más de cuarenta años. Una de sus funciones explícitas es compensar la desigualdad de poder entre empresas y trabajadores. Deben decidir los juicios con imparcialidad, pero atendiendo a esa asimetría original. Tanto que por imperativo legal rige el principio in dubio pro operario que estatuye resolver a su favor cuestiones dudosas en la aplicación del derecho. Son avances del siglo XX, desbaratados en los ’90 y recobrados durante el ciclo kirchnerista. El revisionismo M y “La Nación” quieren dar vuelta esa página, como se explica también en nota aparte.