En el segundo trimestre de este año hubo un fuerte aumento de la conflictividad laboral. Se produjeron más conflictos en el sector privado, mientras que en el sector público los gremios juntaron filas, con lo que consiguieron dar a sus protestas una mayor intensidad. “Rompiendo con la caída tendencial que se había iniciado a mediados de 2014, el segundo trimestre de 2016 vuelve a ubicarse dentro de los más conflictivos de los últimos años”, dice el Observatorio del Derecho Social en su último informe sobre conflictividad laboral, negociaciones colectivas y mercado de trabajo. El centro de estudios de la CTA Autónoma pone este cambio en el contexto de aumento de los despidos y caída del salario real.

De abril a junio, el Observatorio registró 239 conflictos laborales. De ese total, 109 (el 46 por ciento) correspondieron al sector público, 106 (44 por ciento) al privado, 10 (4 por ciento) a ambos sectores y 14 (6 por ciento) fueron motorizados por trabajadores informales”.

Las provincias patagónicas, el área metropolitana de Buenos Aires y la región pampeana son las zonas donde hubo mayor proporción de medidas. En la Capital Federal y el conurbano los conflictos expresaron sobre todo situaciones de despido en empresas –el análisis subraya en este aspecto “los motorizados por los trabajadores de prensa”–, mientras que en la Patagonia hubo una incidencia mayor de los llevados adelante por trabajadores del sector público.

Los motivos que desencadenaron las medidas de fuerza fueron el deterioro de los salarios debido a la inflación y la continuidad de los despidos. En este paquete están incluidos los reclamos por la reincorporación de los cesanteados del primer trimestre, que siguieron siendo sostenidos.

El informe describe que el paro es la principal herramienta utilizada por los trabajadores privados, en este caso para frenar despidos o reclamar reincorporaciones. En cambio, los estatales recurren en igual proporción a huelgas y movilizaciones.

Un cambio detectado por el equipo a cargo del relevamiento es que los trabajadores públicos protagonizaron un menor número de conflictos, pero que en cada uno de ellos participaron más sectores. Así, se ve una estrategia de los gremios de agruparse, formando multisectoriales o mesas de unidad, para coincidir en una misma acción, expresando cada uno su reclamo sectorial, con un planteo compartido contra el ajuste. De esta manera logran mayor masividad.

“Otra característica de esas disputas es su prolongación en el tiempo, ya que en su mayoría se extendieron durante todo el trimestre”, marca el Observatorio sobre este cambio en las protestas de los estatales, ahora más centralizadas y de mayor duración.

El informe fue realizado por el equipo que dirige Luis Campos e integran Silvina Benevento, Julia Campos, Mariana Campos y Jimena Frankel.

Los especialistas encontraron también novedades en el ámbito de las negociaciones colectivas. “Resulta llamativo que el Ministerio de Trabajo esté homologando menos convenios y acuerdos”, indicó en este sentido Luis Campos. “Por ejemplo, si se consideran los últimos seis meses, la cantidad de homologaciones se redujo un 37,5 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior. El semestre que pasó es el de menor cantidad de homologaciones desde el año 2007”.

¿A qué lo atribuyen? A modo de hipótesis, ya que es un comportamiento nuevo y que hay que ver si es sostenido, el especialista advierte su correspondencia con la ofensiva en favor de una nueva flexibilización laboral por parte de los sectores concentrados. “Si bien todavía resulta prematuro aventurar una explicación acerca de esta caída, no podemos dejar de mencionar mque uno de los reclamos formulados recientemente por el diario La Nación en su editorial sobre reformas laborales pendientes fue el impulso de la descentralización de la negociación colectiva y la eliminación de la homologación de los acuerdos y convenios por parte del Ministerio de Trabajo. En este sentido, no podría descartarse un interés de los empleadores, posiblemente compartido por la autoridad administrativa del trabajo, de debilitar la intervención estatal en la negociación colectiva, al menos a nivel de empresa que es aquel que se busca promocionar”.