El ex presidente Fernando de la Rúa todavía no fue citado por el juez Rodolfo Canicoba Corral, pero el hilván de la investigación conduce a ese destino. El arrepentido Mario Pontaquarto aseguró que él dio la orden para que se apele a otros métodos para persuadir a los senadores de la necesidad de aprobar la reforma laboral. De la Rúa lo negó en declaraciones periodísticas, pero tendrá que probar su inocencia en Tribunales para poder salir del país sin permiso judicial.
El arrepentido había afirmado que en una reunión realizada en la Casa Rosada, antes de la aprobación de la ley laboral, el entonces presidente del Senado José Genoud le dijo a De la Rúa que los peronistas necesitaban “otras cosas” para aprobar la norma. Y, según Pontaquarto, el ex presidente le respondió que “eso” tenían que “arreglarlo con (Fernando) De Santibañes”, en ese momento a cargo de la SIDE.
Por su parte, Rodolfo Terragno declaró en la Justicia lo mismo que había escrito en una suerte de diario del caso: que ni De Santibañes ni De la Rúa podían desconocer si se pagaron coimas. También anotó que el ex presidente le habría pedido que “no se agite el tema” de los fondos que manejaba la Secretaría de Inteligencia del Estado. En tanto, en otra parte de su registro, dice que De la Rúa “no me hace comentarios, sólo un gesto de desaprobación” cuando le informó que el periodista Joaquín Morales Solá, en un encuentro en la Embajada de Francia, le había dicho que “Pontaquarto distribuyó varios millones de la SIDE entre los senadores del PJ que votaron la ley laboral”.
Los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado pidieron que el ex presidente sea llamado a indagatoria. Si bien De la Rúa está imputado en el expediente, el juez no lo llamará en el futuro inmediato. Quienes conocen el caso aseguran que no lo citará hasta que sus superiores de la Cámara Federal confirmen los procesamientos de Genoud, Pontaquarto, Emilio Cantarero y Fernando De Santibañes, que está a punto de dictar. Canicoba necesitaría reunir más elementos para interrogarlo como acusado.
El presidente de la Comisión de Juicio Político, Ricardo Falú, sostuvo ante Página/12 que no sólo De la Rúa sino también el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique y De Santibañes, además de varios senadores, “deberían estar presos” porque “su permanencia en libertad es nociva para la averiguación de la verdad”. Sin embargo, en el juzgado no están de acuerdo con ese criterio.
El ex presidente ya se acostumbró a los pasillos de Tribunales. Está imputado de homicidio, aunque con falta de mérito, en la causa sobre la represión del 20 de diciembre de 2001, cuando abandonó el poder y dejó un saldo de 37 muertos. Y fue sobreseído en el caso de los ñoquis del ex Concejo Deliberante.