El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, asistió a la lectura del fallo en la megacausa La Perla, donde luego de cuatro años de juicio fueron condenados 28 represores, la mayoría a prisión perpetua, entre ellos los generales Luciano Menéndez, Santiago Martela y Jorge Gorleri, el ex jefe de policía Alberto Choux, y un nutrido lote de torturadores del Ejército (como los notorios Ernesto Guillermo Barreiro y Héctor Vergez) y de la policía, entre ellos varios integrantes del D2, la temida Inteligencia policial (Carlos Yanicelli, Mirta Antón y Yamil Jabour). Conmovido ante el recuerdo de una de las víctimas, Graciela Doldán, Schiaretti lloró durante una entrevista. Por eso se entiende su furia al saber que en marzo había firmado la designación de otro ex policía de la D2 como fiscal de lucha contra el narcotráfico, Raúl Ramírez. Comisario general, ex jefe de Asuntos Internos y de la Dirección de Drogas Peligrosas, retirado en 2005 como director de Lucha contra el Narcotráfico, Ramírez hizo carrera en el gabinete del ex gobernador José De la Sota, donde llegó a ser Secretario de Políticas de Seguridad, equivalente a viceministro. Al presentar sus antecedentes a la Legislatura para la designación como fiscal, ocultó su desempeño en la D2. Esto fue descubierto por Dante Abel Leguizamón, el más acucioso investigador periodístico de la violencia institucional, quien entrevistó a Ramírez en su programa de la Radio Universidad de Córdoba, Otra Vuelta de Tuerca. Según Leguizamón, Ramírez también había concursado como fiscal federal, pero no resultó elegido. Ramírez admitió ante Leguizamón haberse desempeñado en la Dirección de Inteligencia policial, pero dijo que sólo a partir de septiembre de 1983 en la realización de guardias y tareas administrativas. En noviembre de ese año un incendio destruyó las listas de quienes pasaron por el D2 junto con Yanicelli, Yabour, Antón y Ramírez. El policía-fiscal explicó que no había consignado ese dato porque entonces era un oficial subalterno y no le pareció relevante. Schiaretti no estuvo de acuerdo y decidió promover su remoción por juicio político.