El oficialismo tiene en carpeta un paquete de leyes laborales. Incluye, entre otras lindezas, flexibilización, baja o supresión capciosa de las indemnizaciones por despido, reforma de la ley de accidentes de trabajo pensada solo para reducir los costos de Aseguradoras y empresas, con nula atención a la salud de los trabajadores. Un programa consistente con el ideario de derecha que concibe la competitividad reduciendo los salarios y menoscabando los derechos-conquistas de los laburantes.

El traspaso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) de los tribunales nacionales de Trabajo con sede en la Capital forma parte del combo. Se envuelve en el ropaje del federalismo sin reparar en que el status legal de la CABA es diferente al de las provincias. Hay ciertas semejanzas y notables diferencias, demarcadas por la historia nacional. Por eso la Ciudad Autónoma se designa así y no “provincia”, sin ir más lejos.

El real objetivo del cambio es contribuir al desmantelamiento de la protección legal a los trabajadores. La instancia última de los pleitos será el Tribunal Superior de Justicia capitalino que, con la notable excepción de la magistrada Alicia Ruiz, está compuesto por jueces de derecha, market friendly.

El anuncio oficial obró el pequeño milagro de unir en su contra a jueces y camaristas del fuero, sindicalistas y entidades que representan a los abogados. La Cámara respectiva se pronunció oficialmente, repudiando la propuesta.

Parece mentira que los tribunales laborales (muy venidos abajo desde hace demasiado tiempo) puedan degradarse aún más. Pero sí se podría, merced a la decisión política del oficialismo.

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La Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, presentó en un acto público un “Plan de Fortalecimiento del Ministerio Público Fiscal en el Fuero Nacional del Trabajo” y el “Programa Especializado en Derechos del Trabajo”. Dispone y organiza un mayor protagonismo de los fiscales, obras de infraestructura y recolocación de fiscalías. Coloca como prioridad la defensa de derechos.

La convocatoria contó con la asistencia del Secretario Administrativo de la CGT, Omar Plaini y el titular de la Central De Trabajadores Argentina, Hugo Yasky, entre otros gremialistas.

Uno de los oradores, el fiscal general del Fuero Eduardo Alvarez, evocó que en la década del 90 el gobierno menemista tuvo iniciativas similares que criticó por inconstitucionales. Y que Acordadas de la Cámara Laboral los rechazaron de plano. Alvarez es el fiscal de Cámara con más antigüedad en cualquier fuero, no precisamente un paracaidista recién caído.

Una justicia laboral domesticada o sometida cerraría el círculo que promueve el macrismo, de ahí el consenso en su rechazo.

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En paralelo, según informó la colega Nora Veiras días atrás en Página/12, el Gobierno insta similar mudanza de la Inspección General de Justicia (IGJ) a la CABA. El traslado está concebido para relajar al extremo los controles sobre las sociedades, justo en etapa en las que se predica que hay que acentuarlos. Un jubileo para las sociedades anónimas truchas, las cáscaras que encubren mecanismos para evadir impuestos y responsabilidades.

Los dos traspasos cumplirían, al modo macrista, el propósito declamado de “volver al mundo”. Con la IGJ porteña la Argentina podría constituirse un nuevo paraíso fiscal, ahorrando a los “inversores”, evasores o lavadores de dinero la necesidad de desplazar sus divisas a Panamá, Delaware u otros parajes distantes.

Un nuevo régimen laboral nos equipararía a los países más atrasados del planeta en materia de derechos. No mencionamos ejemplos, para no parecer despectivos contra alguna comarca pero es claro que el retroceso sería tremendo.