Entre los excluidos sin fundamentación de la Audiencia Publica por el tarifazo del gas estuvo el Instituto de Energía Scalabrini Ortíz, una de las organizaciones populares con capacidad técnica en la materia. El IESO hizo llegar una síntesis de las posiciones que no pudo exponer, tal como lo autoriza el Reglamento de la Audiencia, pero no es seguro que esa presentación haya sido incluida en el expediente. El IESO entiende que la audiencia no es válida porque el gobierno no suministró información suficiente que justifique el aumento de las tarifas de gas, sino apenas un conjunto confuso de datos y estadísticas cuyo resultado final es peor aún que el de las resoluciones cuestionadas por el fallo de la CSJ. Los incrementos semestrales en las facturas simulan un sendero gradual y previsible para los usuarios residenciales, pero sus montos no tienen fundamento lógico ni sostenible y significan una generación de renta en las empresas productoras en perjuicio de los usuarios, sin ninguna relación con el precio real del gas y de su costo en boca de pozo. “Por eso consideramos la propuesta del gobierno una burla a los usuarios ya que con el pretexto de la gradualidad incrementa la tarifa anulada por la Corte y además la dolariza en una sociedad que vive y cobra en pesos”. Según declaración de las propias empresas, el costo del gas en boca de pozo oscila entre 1,50 y 2 dólares por millón de BTU y de acuerdo con la investigación del IESO esto ya incluye impuestos y regalías. Con ese costo, y el precio recibido por él, las petroleras obtuvieron importantes ganancias durante los últimos años. El traslado a precio de ese costo a todos los compradores –industrias, comercios, generadoras eléctricas y residenciales– promedia 2,60 dólares por millón de BTU, sin ningún subsidio. Los pagos del gas existentes a cargo del Estado se relacionan con el gas importado y con los planes promocionales establecidos en 2013 para promover inversiones en nuevas técnicas de extracción, como el shale gas y el tight gas, y nuevos desarrollos productivos de gas convencional, los que tenían garantizado un precio de hasta 7,50 dólares por millón de BTU. Esta modalidad ha distorsionado los precios de producción del gas argentino, a punto tal que significa el mayor aporte del Estado a las empresas petroleras y premia no sólo a quienes invierten. De hecho, durante 2016 las empresas productoras han retirado equipos de perforación y reducido sus planes de inversión. El Estado también paga una parte importante del gas importado a Bolivia y del gas natural licuado que llega en barco, que constituyen un 10 por ciento del consumo total cada uno. El gobierno pretende que los usuarios asuman el pago de esos subsidios promocionales de gas nuevo así como los provenientes de la compra a Bolivia y del gas natural licuado (GNL). “Los usuarios no deben pagar por el gas precios incrementales que no están relacionados con el valor del fluido sino con políticas especiales instituidas por el Estado a su cargo, como política económica”, sostiene el IESO. El gobierno ha formulado un sistema compensatorio, un mix, entre el precio del gas en boca de pozo existente antes del tarifazo (2,50 dólares, que remuneraba adecuadamente a las petroleras por el gas viejo o convencional), y el precio resultante de los mecanismos promocionales, fijado en 7,33. El resultado es un precio objetivo de 6,78 dólares por millón de BTU, pero en dólares. Pero además, en su nueva propuesta “el gobierno miente sobre los subsidios que paga”, calculados sobre el precio internacional de 2015, “ocultando que en este año 2016 se están pagando miles de millones de dólares menos. “En realidad la propuesta del gobierno aumenta los subsidios en lugar de disminuirlos”. El precio objetivo de 6,78 dólares el millón de BTU, al que se llegaría en 2019, no tiene ningún fundamento válido y duplica el que correspondería, de 3,15 dólares el millón de BTU, de no incluirse en el mix el valor del gas de las llamadas “producciones incrementales”, ni el del GNL, que se importa líquido y se regasifica en el país, ni el del gas oil, que no guarda relación con la cadena de valores del gas. La peligrosa propuesta del gobierno implica consolidar una tendencia a la dolarización de la economía, lo que provocará una caída de la competitividad de la industria argentina, un encarecimiento innecesario de la economía y de todo su aparato productivo.