En la causa federal, donde actúan como querellantes el Banco Central, la Administración Federal de Ingresos Públicos(AFIP)y la Unidad de Información Financiera (UIF), se describe una decena de actividades que realizaba CNI Cordubensis sin habilitación ni control:

1. Descuento de cheques.
2. Mutuos.
3. Préstamos empresariales.
4. Cajero automático.
5. Remesas al exterior.
6. Pago fácil.
7. Administración de fondos.
8. Caja de seguridad.
9. Administración de propiedades.
10. Compraventa de divisas.

La fachada con que funcionaba CBI era el alquiler de cajas de seguridad, una actividad que no está regulada por el Banco Central, de modo que no se revela la identidad de sus titulares.

La base del negocio era la compraventa de cheques con descuento, que llegó en algunos días a 7 millones de pesos, y se tercerizaba en otras dos empresas del mismo grupo, Jotemi y Halabo, donde figuraban testaferros. Sólo el Banco Nación de Córdoba puede mover esa cantidad diaria de dinero sin llamar la atención. Cada día se concentraban en CBI centro unos 600 cheques de distinto origen, entre ellos varios municipios con ahogos financieros o la obra social de empleados de comercio, OSECAC. De allí eran llevados a la sucursal del Banco Nación, en la misma cuadra. Por el carácter de quienes figuraban como autoridades de Jotemi y Halabo (entre ellos indigentes, prestanombres, un hombre sin pies ni brazos, analfabetos, uno que llegó a la citación en sulky, beneficiarios de la AUH), hubo tres reportes de operaciones sospechosas. Pero fueron desatendidos. A raíz de ello el director gerente del Banco Nación en Córdoba, Tito Zurko, fue imputado por facilitación del lavado de activos. La suma resultante era retirada en efectivo del tesoro del Banco Nación de Córdoba con varios cheques de 999.000 pesos, para lo cual no hace falta declaración jurada. El dinero recorría media cuadra en bolsos, portafolios y mochilas que cargaban tres empleados de CBI y dos policías, uno de uniforme, como se observa en los videos de las cámaras de seguridad que fueron incorporados a la causa judicial. De allí se remitía a la sucursal en Cerro de las Rosas, donde se reiniciaba el ciclo, con la compra de más cheques. Esos fondos se aplicaban luego a las otras operatorias mencionadas. Una de las más significativas involucró a la concesionaria y la financiera de Toyota, tanto en Córdoba como en Mendoza, cuyos titulares, Darío Ramonda padre e hijo, están imputados en la causa. CBI compraba cheques de terceros con una alta comisión por el descuento. Luego los vendía a empresarios sojeros que pagaban con plata negra. Con esos cheques pagaban las camionetas. Los papeles del vehículo se emitían a favor del titular, pero la operación no quedaba registrada con su nombre. El presidente de CBI, Eduardo Rodrigo, era al mismo tiempo, contador de la concesionaria Centro Motor.

El gerente del Banco de Santiago del Estero le pidió al Banco Central la habilitación de dos cajeros automáticos en Córdoba. El entonces presidente del BCRA, Juan Carlos Fabrega, accedió y se instalaron en dos locales de CBI, que por la carga de los cajeros le cobraba al Banco de Santiago del Estero el 6 por ciento.

CBI también pagaba con cheques de terceros a la Municipalidad de Córdoba, que concesionó la tarjeta magnética Red Bus, similar a la Sube porteña, con una recaudación diaria que al momento de la quiebra era de 2,5 millones de pesos. El adjudicatario inicial fue Siemens, que administraba las tarjetas, cobraba a los usuarios por la recarga y pagaba al municipio a las 24 horas, cuando el intendente de la Capital era Daniel Giacomino. Luego Siemens cedió el contrato a una UTE integrada entre otros por CBI Cordubensis, a la que Giacomino le permitió pagar con cheques de terceros, lo cual no tenía una justificación razonable. La situación se agravó durante la gestión de Ramón Mestre (h), que estiró el plazo de la liquidación de 24 a 72 horas, lo cual implica una masa significativa de dinero para la bicicleta financiera. La carta del suicida Suau sostiene que por ello el secretario privado del intendente Mestre, Juan Pablo Ostanelli, les solicitó una coima mensual de 400.000 pesos, que debía pagarse al secretario de Transporte, Juan Pablo Díaz Cardeilhac, quienes por supuesto lo negaron indignados.