Por Julio B. J. Maier *

No me ha sorprendido la oposición de la Iglesia (católica) oficial a la candidatura de Carmen Argibay, pero sí sus términos explícitos. La Iglesia conoce perfectamente que no es necesario profesar la fe católica, ni creer en Dios, ni pensar que la interrupción del embarazo es, en todos los casos, un hecho punible para poder ser juez de la Nación. Sabe, además, que ninguna de esas condiciones está exigida constitucionalmente y que, incluso, la ley argentina se opone a ellas. Llama la atención que los obispos hayan soslayado públicamente este conocimiento y más aún que hayan sostenido –con ciertos vericuetos, pero con palabras inconfundibles para un buen entendedor– que alguien que no reúna tales condiciones no debe ser juez de la Corte Suprema. Como sé que Carmen Argibay cree, por lo demás, en una innumerable cantidad de valores, propios de nuestra cultura, que comparte la Iglesia Católica, sospecho algún “gato escondido”. ¿La presión se dirigirá a tachar la nominación de Carmen o a empujar otra nominación? Me comprenden las generales de la ley, pues me considero amigo íntimo de Carmen Argibay, razón por la cual no puedo intervenir en el debate sobre su candidatura. Pero deseo dejar constancia pública de mi satisfacción y apoyo por su nominación y, eventualmente, por su nombramiento.

* Profesor titular de Derecho Penal UBA. Juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.