“Hay infinidad de causas subjetivas para intervenir Santiago del Estero, pero no existe una sola causa objetiva. Lo que hay son denuncias, pero hasta ahora ninguna condena”, justificó ayer ante Página/12 un importante integrante del gabinete que sigue de cerca el derrotero del gobierno de Nina Aragonés de Juárez, cercado por los cuestionamientos políticos y las causas judiciales. Con respecto a la oferta de Nina del viernes pasado –”Renunciaré sólo si me lo solicita el presidente Kirchner”, dijo a la televisión provincial–, el ministro avisó que no será considerada. “Nosotros no tenemos nada que ver, los problemas de Santiago deben solucionarlos los santiagueños”, respondió.
Desde que se desató la crisis en la provincia a partir del doble crimen de La Dársena, la Casa Rosada mantuvo el mismo medio tono: apoya las denuncias que se hacen contra la dinastía Juárez al mismo tiempo que avisa que no se firmará la intervención federal. Ayer, un ministro explicó por qué, aunque la situación de Nina aparezca cada vez más comprometida, el Gobierno nacional no modifica su postura.
“Es cierto, la gobernadora tiene causas judiciales abiertas que la complican. Pero para justificar la intervención tiene que haber sentencia firme y recién la están llamando a declaración indagatoria. Y las más de cien denuncias a la delegación de la Secretaría de Derechos Humanos en la provincia por ahora son nada más que eso, denuncias”, explicó el funcionario. De ahí la diferenciación entre los elementos subjetivos que justificarían la intervención y los objetivos, que en la interpretación del Gobierno aún no se produjeron.
En la Rosada mencionan otra razón para andar con cuidado en la cuestión santiagueña, que tiene que ver con la historia provincial. La última intervención federal se decidió luego del Santiagazo, una revuelta popular en la que se quemó la casa de los Juárez. Cuando se normalizó la provincia, Juárez volvió y ganó las elecciones.
En la Casa de Gobierno tienen subrayado el artículo 143 de la Constitución santiagueña. Allí dice que si por alguna razón la provincia se queda sin gobernador y vice antes de los dos años de gestión, asume en reemplazo el presidente de la Legislatura, que debe convocar a elecciones no más allá de los 60 días. Nina asumió la gobernación en reemplazo del renunciante Carlos Díaz y sus dos años de gestión se cumplen recién en octubre de este año.
Es decir, en Gobierno temen que Kirchner asuma el desafío pidiéndole la renuncia a la gobernadora y que en las elecciones que deben realizarse dentro de los dos meses los Juárez vuelvan al poder triunfantes, ahora reconvertidos en opositores a la Casa Rosada. Y ese panorama –que la historia de la provincia demostró que es factible– es otro de los motivos por los que la Rosada no quiere meterse en Santiago más allá de lo aconsejable. Una derrota de ese tenor justo en un año en el que no hay otra elección sería un traspié político innecesario para Kirchner en un momento en el que las encuestas le sonríen.
Trampa santiagueña
De ahí es que cerca del Presidente vean como una trampa la oferta de Nina de poner la renuncia a disposición de Kirchner. La oferta, para la Rosada, esconde un desafío. Los Juárez ansían pasar del papel de victimarios que representan en el actual entuerto santiagueño a víctimas del Gobierno nacional. “Es un infantilismo. Son gente grande y en todo caso deben llevar la renuncia a la Legislatura de su provincia”, reaccionó el sábado el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Otro ministro, ayer, lo analizaba desde otro punto de vista, más descarnado. “Puede que Juárez esté viejo, pero de bobo no tiene nada”, sostenía.
En cambio, en la Rosada aseguran que en la idea de no intervención no hay que buscar motivos de viejas fidelidades típicas de las internaspartidarias. Y esto tiene que ver con que Juárez fue de los primeros caciques del interior en encolumnarse detrás de la candidatura presidencial de Kirchner apenas Eduardo Duhalde lo ungió como su favorito. “Eso no tiene nada que ver. Kirchner no se ata a esos arreglos”, aseguraba un integrante de su entorno.
Con todo, el Presidente sigue de cerca la situación en la provincia. Casi todos los días le pregunta a Alberto Fernández y al ministro del Interior, Aníbal Fernández, por las últimas noticias. Y en esas puestas al día nunca ordenó parar tal o cual denuncia invocando motivos de amistad con Juárez. “Todo lo contrario, lo mandó a Eduardo Luis Duhalde para que reciba todas las denuncias a violaciones a los derechos humanos”, sostienen cerca del Presidente.
No obstante, el tema de la “fidelidad partidaria” es algo que los justicialistas santiagueños que siguen con Juárez quieren hacer valer. Cuando el viejo caudillo envió una nutrida delegación de cuarenta diputados a Buenos Aires para convencer a Aníbal Fernández de que se debía salvar a Nina, uno de los argumentos repetidos de los delegados fueron las menciones a Perón y al peronismo.
La lógica que seguían era que un gobierno peronista no interviene una provincia peronista, menos si es la de un aliado. Al ministro Fernández le intentaban tocar la fibra íntima del “compañero”, recordando la histórica buena relación entre el juarismo y el duhaldismo, de cuyas filas proviene el ministro. Pero se chocaron con la respuesta del ministro. “No están hablando con Aníbal Fernández, ahora están hablando con el ministro del Interior de Kirchner”, les retrucó.