Fernando Jorge de Santibañes deberá abandonar en breve la bucólica paz de su quinta en Villa Rosa. El fiscal federal Eduardo Taiano lo acusó de “simular bienes con el fin de evadir la tributación correspondiente”, en el marco de maniobras irregulares que habría cometido durante su desempeño como presidente del Banco de Crédito Argentino. En concreto, el ex jefe de la SIDE y amigo de Fernando de la Rúa, junto a otros accionistas de esa entidad bancaria, se habrían otorgado préstamos a sí mismos en condiciones ventajosas y al margen de las pautas habituales para esas operaciones.
Taiano pidió que fueran citados a indagatoria. Pero no es el único expediente judicial que lo tiene como imputado: además de haber sido recientemente procesado en la causa sobre los sobornos en el Senado, De Santibañes sigue siendo investigado en la causa Inducuer por presunto fraude contra el Estado, y por la contratación del consultor norteamericano Dick Morris con dinero de la SIDE, con el supuesto objetivo de usarlo en campañas políticas.
El fiscal general Germán Moldes había promovido el inicio de un proceso penal a partir de una denuncia presentada por Horacio Domínguez y Oscar Martínez, en representación del Banco Central, quienes consideraron “inusual” una operación de asistencia crediticia que en 1997 otorgó el Banco de Crédito por un monto de 53 millones 155 mil dólares a cuatro accionistas: De Santibañes, David Gorodisch, Irene de Gorodisch y Alejandro Gorodisch. Lo extraño de la operatoria bancaria fueron las “sucesivas transferencias y financiaciones que se vincularon con estos préstamos, y el hecho de que no se reflejaron en las declaraciones juradas de bienes”. Esta semana el fiscal Taiano impulsó la acción penal, y en su escrito de requerimiento solicitó al juez federal Juan José Galeano que llamara a declaración indagatoria a los cuatro acusados, además de pedir una serie de medidas de prueba.
Taiano advirtió sobre la “tasa de interés abonada, irregularidad en la denuncia de pasivos por parte de los tomadores del crédito, cancelación de deudas aun antes de que el importe del préstamo estuviera imputado en las cuentas a las que se derivó el dinero y aparente falta de documentación respaldatoria”. En definitiva, Galeano deberá esclarecer por qué se brindó tan alta asistencia crediticia y financiera a accionistas del banco que, además, eran miembros de su directorio. Tanto Moldes como Taiano coincidieron en que esas personas habrían cometido “administración infiel y con ánimo de lucro de los bienes o intereses confiados por terceros, además de evasión tributaria”, tal como había advertido inicialmente la Gerencia de Control de Operaciones Especiales del Banco Central. A principios de febrero, fuentes cercanas al banquero amigo de De la Rúa negaron al diario La Nación las imputaciones, y atribuyeron la denuncia a una operación vinculada con el caso de los sobornos.
De Santibañes fue uno de los ex funcionarios procesados en enero por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral en la causa por los sobornos que se pagaron para la sanción de la Reforma Laboral. El juez dio por buena la confesión del arrepentido ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto, que asegura que él mismo fue a buscar el dinero de las coimas a la jefatura de los espías, que por entonces comandaba De Santibañes.
En abril del año pasado, tras años de dilaciones, declaró como imputado en la causa conocida como Inducuer, un caso que investiga un supuesto fraude al Estado mediante avales del Banco Nación, y en el que también están imputados los ex directivos del Banco Nación Hugo Santilli, Hugo Gaggero, Aldo y Mario Dadone. Los abogados defensores plantearon que los hechos ya habían prescripto, pero no tuvieron suerte en la Cámara Federal. Así, el juez federal Norberto Oyarbide llamó a indagatorias pero aún no resolvió la situación procesal de los acusados. El caso Inducuer había sido revelado por Página/12 en noviembre de 1999.
Por otra parte, la Cámara Federal ordenó profundizar una investigación para determinar si un contrato millonario que firmó el ex secretario deinteligencia con la consultora del asesor de imagen norteamericano Dick Morris fue utilizado como pantalla para cubrir gastos de campaña política. La sala II de ese tribunal revocó el sobreseimiento que el juez Jorge Urso le había dictado al ex funcionario, que nunca fue citado a declarar. El magistrado había archivado el expediente por inexistencia de delito, pero los camaristas consideraron que todavía hay “hipótesis no exploradas”, como las versiones que indican que esos fondos habrían sido usados para desacreditar a “opositores políticos” de De la Rúa, como Eduardo Duhalde o Carlos Menem. Página/12 pudo saber que el juzgado de Urso realizó algunas medidas de prueba pendientes, pero queda una esencial por concretar: nada menos que la declaración testimonial de Morris y su ex socia Mattie Lolavar, por cuyas denuncias surgió este caso.