- Felipe Solá, gobernador bonaerense: “El plan es completo y ambicioso dado que contempla a las provincias y además se articula con el implementado en Buenos Aires por el ministro de Seguridad, León Arslanian. La implementación del plan a nivel nacional requiere del apoyo de los gobernadores. La presencia de los gobernadores en el lanzamiento hay que leerla como que en esto estamos jugados todos; el reclamo de seguridad le llega a los gobernadores y le llega al Presidente”.
- Ariel Basteiro, diputado del Partido Socialista: “La principal carencia del plan nacional de seguridad que elaboró el Gobierno es que ignora por completo las causas sociales y económicas que generan el delito y, por lo tanto, las medidas son punitorias pero no apuntan a la prevención. Las medidas están pensadas para calmar a los distintos sectores que hoy las están reclamando. Se le da a cada uno una medida para conformarlos, pero algunas de ellas son contradictorias entre sí. Considero que éste no es un plan coherente. Por un lado se quiere descabezar a la Policía Bonaerense y por otro se incentiva la creación de una superpolicía”.
- José Manuel de la Sota, gobernador de Córdoba: “El gobierno nacional debería haber convocado al Consejo de Seguridad antes de anunciar el plan. Este programa ataca el día a día y es muy municipalista. Me gustaría discutir por qué las provincias le pagan la policía, los bomberos y otros servicios a Buenos Aires, la ciudad más rica del país. Además, es necesario conversar sobre cuál va a ser la relación entre los policías provinciales y esta nueva fuerza policial que se anuncia, que es una especie de FBI estadounidense. Es mi deseo que el Plan Estratégico de Justicia y Seguridad tenga éxito. Garantizarle la seguridad a las familias del país es una misión irrenunciable del Estado en sus distintos niveles”.
- Osvaldo Mércuri, presidente de la Cámara de Diputados bonaerense: “Apoyo la iniciativa del Presidente de instrumentar el juicio por jurados porque implica un serio aceleramiento de las causas y a la vez establece un vínculo más estrecho entre la comunidad y el sistema de administración de justicia. En 1997 organicé el Primer Congreso de Juicio por Jurados en La Plata, donde se fijaron los lineamientos básicos para la formulación del correspondiente proyecto de ley. En aquel momento no pudo concretarse en ley, pero los tiempos de cambios políticos que corren en el país marcan un escenario propicio para que tengamos juicio por jurados”.