La maquinaria se puso en marcha. Carlos Menem tensó la cuerda, con su sistemática negativa a presentarse ante la Justicia, y en pocas horas pueden estar tocando su puerta, en el paquete barrio de Las Condes. El pedido de extradición del ex presidente tardaría no más de 72 horas en salir hacia la Cancillería de Chile, donde se autoexilió. Sin embargo, al cierre de esta edición, Página/12 verificó que el pedido del juez federal Jorge Urso, que incluye la solicitud de captura internacional del ex mandatario, aún no había ingresado formalmente a la Cancillería argentina. Al otro lado de la cordillera, en medios políticos, judiciales y periodísticos, se especulaba con que el gobierno de Ricardo Lagos “difícilmente” niegue la extradición del ex presidente, porque “no está acusado de delitos políticos sino por corrupción” y porque “en Argentina rige el estado de derecho y no una dictadura”. El juicio de extradición puede durar varios años y así Menem ganó tiempo: su mayor temor es volver a quedar preso en la Argentina aunque no por la causa sobre la construcción de las cárceles, sino por el viejo expediente de la venta ilegal de armas.
Esa causa, por la que fue arrestado en 2001, se encuentra ahora a estudio de la sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico porque las actuales autoridades de la Aduana apelaron el sobreseimiento que había dictado el juez Julio Speroni, ejerciendo su rol de querellante a diferencia de los anteriores gobiernos. Si ese tribunal revoca la medida de Speroni, Menem puede volver a ir preso porque está acusado de contrabando agravado, un delito cuya penalidad impide la excarcelación. Y en Tribunales todos recuerdan que los camaristas de esa sala vienen manteniendo una actitud permanente en insistir sobre la responsabilidad penal de Menem en la maniobra.
Una vez que el pedido de extradición llegue a la Cancillería chilena será remitido a la Corte Suprema de Chile, que designará a uno de sus 21 ministros para que lleve adelante el proceso. Así lo establece la Convención de Montevideo de 1933, el tratado multilateral entre varios países del Cono Sur que, a falta de uno bilateral, rige este tipo de procesos entre la Argentina y Chile. “El presidente de la Corte, Marcos Libedinsky, decide si el pedido cumple con los aspectos formales, y si hay mérito, el mismo presidente actúa como tribunal en esta primera instancia que es muy preliminar y ordena el arresto de la persona”, explicaron fuentes de la Embajada de Chile en Buenos Aires. En tal caso, ordenaría la detención de Menem, de quien Urso pidió la captura internacional, y la extradición con arresto preventivo, al haber caído en “rebeldía” tras faltar a su cuarta citación a declaración indagatoria en la causa por pago de sobreprecios en la construcción de dos cárceles. Menem puede apelar ante los cinco jueces de la sala Penal de la Corte.
Esto implica que la detención del ex presidente podría no ser tan inmediata. Ayer, en Santiago especulaban con que Menem no se movería de la capital. “No se va a jugar, no puede andar con la cola entre las patas, y además acá se ha enseñoreado, actuó con pachorra”, fue la descripción que recogió Página/12 de analistas políticos y judiciales chilenos.
De todos modos, si el juicio por la extradición se extiende demasiado, y el Máximo Tribunal le permite a Menem permanecer en libertad, al juez Urso le queda un recurso: viajar a interrogarlo, tal como pide el ex presidente. Hay un antecedente, aunque se trata de un ciudadano chileno, en el que la jueza María Servini de Cubría indagó al general Manuel Contreras, ex jefe de la policía política de la dictadura (DINA), luego lo procesó y recién entonces insistió con el pedido de extradición. Cuando Servini fue a interrogarlo, encontró a Contreras tras las rejas.
El gobierno de Lagos estaría dispuesto a otorgarle la residencia temporal que Menem pide por un año, pero aunque obtuviera la definitiva invocando su matrimonio con la chilena Cecilia Bolocco y el nacimiento de su hijo en tierra chilena, esto no interfiere con el proceso de extradición. Claro que si la Justicia chilena determina que debe irse para saldar sus cuentas con la Justicia argentina, el gobierno chileno no se opondría, del mismo modo que le hizo saber que no le concedería el asilo político.